Los dos gobiernos, "en virtud de la posición neutral que ambos han adoptado frente a Venezuela, han decidido organizar una conferencia internacional con representantes de los principales países y organismos internacionales que han compartido esta posición frente a dicha situación", dice el texto.
En la declaración, que se no se refiere a la democratización del país sudamericano, los gobiernos de Uruguay y de México advierten que el propósito de la conferencia "es sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país", respondiendo al llamado del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
México y Uruguay no se plegaron a reconocer al líder opositor y jefe del parlamento Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela el 23 de enero, y decidieron seguir reconociendo a Nicolás Maduro como el mandatario del país.
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"Ambos gobiernos han adoptado una posición de no intervención, a la vez que han externado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Por ello, han decidido convocar a un diálogo inclusivo y creíble que solucione de una vez por todas la delicada situación por la que atraviesan nuestros hermanos venezolanos", dice el comunicado divulgado este miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.
La crisis venezolana se agravó el 10 de este mes, cuando Maduro comenzó su segundo mandato, no reconocido por la oposición ni por EEUU y una veintena de países que consideran su elección resultado de unos comicios "fraudulentos" y que se decantaron por respaldar a Guaidó.
Este propuso una hoja de ruta que incluye la salida de Maduro del poder, la instalación de un Gobierno interino y la celebración de elecciones.
En los últimos días se precipitaron los acontecimientos, con sanciones de EEUU a la industria petrolera venezolana y la ruptura de relaciones entre Caracas y Washington.
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Unas 40 personas han muerto este mes en protestas antigubernamentales.
El Gobierno de Maduro considera estas acciones como parte de un golpe de Estado orquestado por EEUU.
