Debido a las manifestaciones que rodearon el Congreso, la junta directiva del parlamento suspendió la sesión ordinaria que tenía prevista para las 14:00 hora local (19:00 GMT), publicó el medio local Prensa Libre.
La misiva, además, pide a las autoridades que "tomen las medidas pertinentes contra quienes están violentando la ley" para lo que, según el legislador, abusan de "la libre manifestación" y afectan los derechos del resto de los ciudadanos.
En la agenda del Congreso se incluía la ley para el fortalecimiento de la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, lo que generaría cambios en la ley de antejuicio para los políticos vinculados a investigaciones de la justicia.
Esto generó que muchos manifestantes se nuclearan en los alrededores del Congreso intentando evitar el ingreso de los legisladores a quienes les arrojaron huevos y les propinaron insultos.
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Los incidentes se dan en momentos en que el órgano parlamentario lleva a cabo una comisión investigadora contra el presidente Jimmy Morales por supuesto financiamiento ilícito en la campaña que lo llevó al Gobierno en 2016.
El 31 de agosto pasado, Morales anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por acuerdo entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas en 2006, que tenía plazo para quedarse en el país hasta septiembre de 2019.
Además, la semana pasada el Gobierno guatemalteco negó el ingreso al país del titular de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez.
El 10 de septiembre hubo cortes de ruta en Sololá (sureste) y luego el 11 de septiembre, además de concentrarse en las inmediaciones del Congreso, se nuclearon en rutas del departamento de Totonicapán (suroeste) para bloquear una de las carreteras más importantes del país, la Interamericana.
Además, el 12 de septiembre habrá una marcha pacífica desde las 8:00 hora local (13:00 GMT), convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y el Comité de Desarrollo Campesino, junto con otras organizaciones y colectivos sociales, publica el medio local República.
En este caso las manifestaciones también piden la renuncia de Morales y pretenden denunciar el aumento de la persecución y la criminalización constante en contra de los defensores de derechos humanos y de pueblos indígenas.
La Cicig y la Fiscalía General habían pedido el desafuero de Morales el mes pasado para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.
El antejuicio al mandatario fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia y luego pasó al Congreso, donde a finales de agosto pasado de instaló la Comisión Pesquisatoria que debe examinar las pruebas contra Morales y emitir un informe al pleno.
