"La intromisión de los asuntos internos del país y la manipulación de la Justicia (…) se han convertido en el modus operandi de la CICIG en Guatemala. Ante estos excesos se decidió (…) impedir el ingreso del señor Velásquez al país dado que no solo atenta contra el orden y la seguridad pública sino que afecta la gobernabilidad e institucionalidad del país", declaró la jerarca durante una conferencia de prensa.
"Dichas acciones han vulnerado y violentado los derechos de los guatemaltecos e irrespetado las garantías procesales consagradas en el pacto de derechos civiles y políticos, polarizando además a la sociedad guatemalteca al abusar y extralimitarse en su mandato", agregó.
Asimismo, Jovel afirmó que Velásquez "ha presionado al Congreso (…) para hacer reformas a la Constitución" y declaró que se le ha solicitado al secretario general de las Naciones Unidas que haga cumplir la responsabilidad que tiene la CICIG de trasladar sus capacidades a las instituciones nacionales.
"Por lo tanto, el Gobierno de Guatemala reitera su compromiso de luchar contra la impunidad, en particular contra la corrupción. Asimismo hace un llamado a que todos los sectores de la sociedad guatemalteca expresen sus opiniones con total respeto a la autoridad legítimamente constituida a fin de evitar mayor polarización en la sociedad", agregó.
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Guterres pidió a Velásquez que siga conduciendo la CICIG en forma remota en el marco del acuerdo firmado en 2006 con el Estado de Guatemala.
El presidente Jimmy Morales decidió la semana pasada no renovar el mandato de la CICIG, que expirará en septiembre de 2019, y ordenó que no se permitiera el ingreso de Velásquez, quien viajó a Washington.
Ante la repercusión que tuvo la medida el mandatario señaló que la ONU se ha manejado con cierta pasividad e insistió en que el fin del mandato de la CICIG, que finaliza en septiembre de 2019, no afectará a las investigaciones.
"Lamentamos públicamente la pasividad de la ONU para resolver este tipo de situaciones", comentó Morales.
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El mes pasado, la CICIG y la Fiscalía General pidieron el desafuero de Morales para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.
El antejuicio de Morales, el tercero que enfrenta, fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia y luego pasó al Congreso, que tiene la última palabra sobre la inmunidad presidencial.
Morales ya había intentado expulsar a Velásquez de Guatemala cuando lo declaró persona no grata el año pasado, en el marco de una serie de ataques a la CICIG.
En los años de su mandato, y en particular bajo el liderazgo de Velásquez, la comisión de Naciones Unidas logró junto a la Fiscalía General llevar a la justicia graves casos de corrupción política y empresarial que determinaron, por ejemplo, la caída y encarcelamiento en 2015 del entonces presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y de su vicepresidenta Roxana Baldetti.
