Presidente de Ecuador desclasifica más documentos sobre asesinato de excomandante Gabela

"En el marco de nuestra política de transparencia y en conformidad con la LOTAIP [Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública] he dispuesto al Ministerio de Justicia que levante la confidencialidad sobre el contrato suscrito con el perito Roberto Meza, como aporte a la investigación del asesinato del general Gabela", escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.

El perito Meza estuvo a cargo de la investigación sobre el homicidio del uniformado y realizó tres informes de su trabajo, que fueron entregados en 2013, de los cuales justamente el que contenía las conclusiones y los nombres de los involucrados está desaparecido.

Meza relató semanas atrás, en una visita a Ecuador, que no tenía una copia del expediente debido a que su contrato se lo impedía, pues en una de las cláusulas se establece que todo el material respaldado es de propiedad intelectual del Ministerio de Justicia.

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Según las conclusiones que figuran en el documento original, Gabela habría sido asesinado por oponerse a que el Estado adquiriera siete aviones indios Dhruv, pues consideraba que serían inservibles al país, algo que se comprobó cuando cuatro de ellos se accidentaron y tres no se pudieron volver a usar.

Por su parte, exfuncionarios han emitido versiones contradictorias sobre el expediente, por ejemplo, el ministro de Justicia de ese entonces, Lenín Lara, aseguró que el informe final fue entregado al expresidente Rafael Correa (2007-2017), lo mismo indicó el exministro del Interior, José Serrano.

Otros exfuncionarios han señalado, en cambio, que no recuerdan el documento o que este se utilizó únicamente de insumo para elaborar otro informe final.

Por ello, la familia de Gabela reclama la presencia de Correa, pues considera que debe dar explicaciones sobre el informe entregado del que ahora aparentemente no hay rastro y, en caso de haberlo recibido, aclarar su contenido.

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En un principio, la Justicia determinó que la muerte de Gabela se debió a delincuencia común y se condenó a cinco personas como autores materiales, sin embargo, su familia mantuvo siempre la versión de que se trató de un homicidio.

Por ello, en 2012 Correa ordenó la conformación de un comité interinstitucional para que investigue a profundidad el caso, lo que derivó en la contratación de Meza para la elaboración de los informes periciales bajo la categoría de reservado.

El caso Gabela volvió a la palestra pública luego de que el presidente Moreno ordenara desclasificar la información relacionada con esta y otras investigaciones, entre ellas también el secuestro del político opositor Fernando Balda, por el que la Justicia vinculó al expresidente Correa.