"Su equipo deberá repensar la estrategia de seguridad como suma de acciones, no solo resolver casos paradigmáticos para mantener el ánimo positivo del electorado, sino ofrecer resultados; esa será la prueba de fuego al final de su primer año de su gobierno, después de la fascinación con su clara victoria", dijo Sánchez, directora general de la organización ciudadana México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
El presidente electo de México propone también "la creación de una Guardia Nacional, poner en práctica la justicia transicional en el Poder Judicial y promover una amnistía a favor de quienes no tienen responsabilidad de jefaturas del crimen, propuesta que tanto ruido causó en el periodo electoral", añadió Sánchez.
Durante la campaña, López Obrador pidió revisar la polémica la Ley de Seguridad Interior, que permite el despliegue de militares en tareas de seguridad pública, aunque no propuso su abrogación.
"Su planteamiento en esta materia no fue carente de ideas, sino que (le) faltó explicar los detalles de su implementación, que generan mucha preocupación", sobre todo en el movimiento de la sociedad civil, dijo la directora de MUCD.
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"También hizo pronunciamientos muy fuertes, comprometiéndose con la profesionalización del aparato de justicia, para garantizar la ley a las víctimas de la violencia", complementó la directora de la organización independiente.
No obstante, entre los liderazgos de las principales organizaciones especializadas sobre el mayor problema del país latinoamericano, hay una inocultable inquietud.
"Nos preocupa mucho la ambivalencia y vaguedad ante la petición de las organizaciones especializadas en temas de seguridad y derechos humanos por una fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo", respondió la especialista.
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En cambio, para la designación de los titulares de la fiscalía la general de la federación, del fiscal anticorrupción y de la fiscalía especial para delitos electorales, López Obrador propone enviar una terna de funcionarios que él, como presidente, designaría para que el Congreso elija entre ellos.
"Nos preocupa también el tema de la creación de una Guardia Nacional, que sería un suerte de fuerza nacional combinada de la Marina, el Ejército, y la Policía Federal, cuando sabemos que parte del problema que estamos viviendo tiene que ver con la mala utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública", lamentó la directora de uno de las más importantes organizaciones civiles.
Un sentimiento agridulce
La lista de asuntos pendientes de explicación en la agenda de AMLO, como llaman al presidente electo sus seguidores, incluye los reclamos por una reforma policial, y su intención de aumentos de salarios solo para las corporaciones del Ejército.
"Por un lado, López Obrador tiene un compromiso muy determinado en materia de seguridad, sabe el nivel de urgencia del problema para su gobierno, y entiende las diferencias del fenómeno de seguridad en los distintos puntos del país, con diversas causas y fenómenos distintos", explicó.
En sus discursos como candidato expuso que su apuesta es "por una política preventiva, como expresó en su discurso de la victoria, que su prioridad es la reducción de la pobreza y la desigualdad, como determinante de la reducción de la actividad criminal", continuó la especialista.
Pero según Sánchez, López Obrador ofreció "poca claridad de las grandes reformas de las instituciones policiales, de las fiscalías y las fuerzas armadas, que se han discutido en el país" durante la década de guerra abierta contra el narcotráfico, lamentó la directora general de la organización que exige cambiar el enfoque punitivo prohibicionista por uno de salud pública.
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En efecto, AMLO anunció que cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia.
"Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia", anunció la noche de su victoria electoral en la que obtuvo 52,96% de los votos y más de 30 puntos de ventaja sobre el centrista Ricardo Anaya, que quedó en segundo lugar con 22,49% de los sufragios.
Recursos escasos y voto de confianza
No obstante, todavía preocupa la limitada disponibilidad de recursos financieros y de infraestructura para el rubro seguridad.
Tampoco se conoce si López Obrador va a preservar la discrecionalidad del ejercicio del presupuesto en temas de seguridad.
"Muchas veces los rubros de ese gasto se contradicen y se multiplican", apuntó la estudiosa de esa materia, que analizó las propuestas de todos los candidatos.
La tendencia en los últimos años ha sido que los gastos de seguridad nacional crecen exponencialmente año tras año.
"Muchas veces, las políticas contra el crimen provocan un gasto improductivo, y no tenemos claridad (respecto a) cómo se ejerce (el gasto), porque es muy discrecional", apuntó Sánchez.
En el tema de la "justicia transicional", genera calma entre los expertos que sea la exministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, la nominada para dirigir la política interior del próximo gobierno.
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En el fondo, expuso Sánchez, "es una racionalización del uso del sistema de justicia penal".
"Pero una amnistía sin los mecanismos necesarios para garantizar las medidas alternativas y modelos de reconciliación, que implica una justicia transicional, sin regulación de mercados de drogas, resultaría solo en un paliativo sin una reestructuración de la política de seguridad", añadió.
Durante la campaña electoral se registraron al menos 103 asesinatos de actores políticos.
Organizaciones de derechos humanos cifran los homicidios en más de 130.
El año pasado fue el más violento en México en las últimas dos décadas, con más de 25.300 asesinatos, lo que supone casi 70 homicidios diarios.
Andrés Manuel López Obrador asumirá como presidente de México el próximo 1 de diciembre y gobernará el país por un periodo de seis años.