"Tenemos el conocimiento de que sí, ya ha salido el veredicto que es favorable a nosotros, más adelante el doctor [Rogelio Mayta] va a dar una conferencia de prensa", dijo a la radio estatal Red Patria Nueva, la asesora jurídica de las víctimas de esa masacre, Pamela Delgadillo, citada por la Agencia Boliviana de Información.
El exmandatario deberá pagar ahora 10 millones de dólares en reparación a algunas de las víctimas de la sangrienta represión.
En octubre de 2003 estallaron protestas masivas contra la decisión del Gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas natural boliviano por puertos chilenos hacia EEUU.
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El Gobierno reprimió las protestas durante varios días en lo que dio en llamarse la "guerra del gas", una crisis que desembocó en la renuncia y la huida de Sánchez de Lozada del país.
Sánchez de Lozada se instaló en EEUU, país que negó en 2012 a Bolivia su extradición alegando que los delitos configurados para la ley penal boliviana eran inexistentes para el derecho estadounidense.
Se abrió entonces la posibilidad de que las víctimas interpusieran una demanda civil.
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