"Somos optimistas en que prospere el proceso civil en Estados Unidos y, por la cantidad de prueba que se ha producido, encararíamos la posibilidad de un juicio oral en el primer semestre del 2018", dijo el abogado.
El 13 de octubre de 2003 el número de muertos civiles sumaba 31, pero la cifra total de fallecidos llegaría a 65.
Hasta esa fecha se desconocía la cantidad de heridos, mientras el conflicto de El Alto, que había comenzado en los primeros días del mes, se había extendido hacia el Chapare (centro) y crecían los pedidos de renuncia del entonces presidente.
Sánchez de Lozada dimitió el día 17 y huyó a EEUU, país que le concedió asilo al igual que a su ministro.
El abogado de las víctimas expresó su confianza en que el juicio civil que se logró abrir en Estados Unidos contra los principales responsables de la masacre concluya a favor de los afectados.
"Esperamos que la justicia estadounidense declare la culpabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín", remarcó Mayta.
De ser así, deberán pagar una indemnización a las víctimas por daños y perjuicios, pero además el fallo sería un antecedente para insistir en su extradición a Bolivia para que sean juzgados por los crímenes de octubre de 2003.
"Esto nos pone en igualdad de condiciones con los acusados, que cuentan con gastos dispendiosos", remarcó el jurista.
El expresidente boliviano y su exministro están haciendo todo lo posible para anular el proceso en la justicia de Estados Unidos, según Mayta.
"Son 14 años de búsqueda de justicia (…) hemos tenido que superar diversos obstáculos, pero en ningún momento hemos bajado los brazos para que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sean juzgados", insistió
La revuelta, considerada por la mayoría de los bolivianos como una gesta en defensa de los recursos naturales, fue para los gobernantes de entonces un "violento golpe de Estado".
Le puede interesar: Morales acusa a EEUU de ser una amenaza para la Tierra
La "guerra del gas" marcó en fin del ciclo de los gobiernos neoliberales en Bolivia y la emergencia de nuevos actores sociales en la política de este país sudamericano.