La propuesta contempla un nuevo "marco jurídico bien diseñado, instituciones sólidas, eficaces y bien coordinadas que no rindan cuentas a los políticos, sino permanentemente a la sociedad", dijo Meade.
La malversación de fondos públicos "es el dinero que debió ser utilizado para apoyar a los que más lo necesitan [y que] termina en manos de la corrupción", dijo en su discurso.
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Meade, único aspirante al cargo en las filas del partido del presidente Enrique Peña Nieto, dijo que ese proceso "debiera empezar por la devolución del dinero o los bienes mal habidos (…) castigando con fuerza a los corruptos y regresándole a la sociedad lo que se le quitó".
Meade adelantó que no esperará a que termine la elección del próximo 1 de julio "para trabajar una iniciativa formal que acabe con la corrupción y la impunidad".
Ejes del proyecto anticorrupción
Meade entregó en un acto público a los representantes de los tres partidos que forman la coalición oficialista (PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza), "una iniciativa de reforma que previene y castiga la corrupción con un mecanismo rápido, equitativo y justo".
El segundo tiene como objeto "aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos"; y el tercero "volver obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores", explicó.
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El aspirante a la presidencia propone que una nueva ley faculte a los fiscales especializados en el combate a la corrupción "para ejercer la extinción de dominio [de bienes y dinero mal habido] de manera ágil, equilibrada y justa".
El precandidato no puede presentar la iniciativa legislativa, pero lo pueden hacer los partidos que lo apoyan en el Congreso.
Una reforma constitucional creó en 2016 el Sistema Nacional Anticorrupción, pero los partidos no han podido acordar la designación del titular, y el cargo aún está vacante.
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En el último año han estallado escándalos de corrupción de exgobernadores del PRI, procesados, prófugos y encarcelados por multimillonarias malversaciones para campañas y enriquecimiento personal.
La organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) estima que la Secretaría de la Función Pública hace un "trabajo limitado y de poca efectividad contra la corrupción, que es una simulación".
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La corrupción cuesta a México uno por ciento del Producto Interno Bruto, según analistas financieros, o al menos 10 por ciento del presupuesto federal, unos 25.000 millones de dólares anuales, según el Congreso.