"La investigación recién revelada por el Gobierno del estado de Chihuahua (norte) indica la existencia de una generación de políticos corruptos que actuaron con un mismo 'modus operandi' para desviar los recursos del Estado con fines personales y partidistas del oficialismo", dijo Arredondo.
Arredondo dijo que el peculado cometido en Chihuahua es "el mismo patrón que practicó el exgobernador Javier Duarte en el estado de Veracruz (sureste)", detenido y extraditado desde Guatemala el año pasado, "y es el mismo modelo de Roberto Borge", quien gobernó el estado turístico de Quintana Roo (sudeste) y fue detenido y extraditado la semana pasada desde Panamá.
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El escándalo por los numerosos casos de corrupción que envuelven al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto escaló esta semana luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció que las investigaciones de la fiscalía de ese estado provocaron represalias del Poder Ejecutivo federal, al frenar la entrega de 700 millones de pesos (más de 36 millones de dólares) del presupuesto.
"Hay un intento de estrangular económicamente al Gobierno de Chihuahua (…), es gravísimo que confirmaran a la Secretaría de Hacienda como instrumento de control político frente a los gobernadores" opositores, se quejó Corral.
"El Gobierno de la República no puede ni merece ser descalificado y menos señalado de no respaldar al Gobierno de Chihuahua", dijo Peña Nieto.
Una fiscalía autónoma en acción
El caso de Chihuahua muestra que "el trabajo de una fiscalía independiente con los alcances de una justicia autónoma, que no esté subordinada al Poder Ejecutivo, facilita la procuración de justicia", dijo Arredondo.
El caso atrajo el apoyo inédito del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), "cuyo papel está definido en la Constitución, independiente del Comité Coordinador del mismo sistema, que articula a las autoridades federales encargadas del combate a la corrupción", explicó el experto.
El comité ciudadano del SNA denunció que las medidas económicas impuestas por el Gobierno de Peña Nieto a Chihuahua son una retaliación por difundir la "evidencia de la corrupción que imperó en el Gobierno de César Duarte para favorecer electoralmente al PRI".
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Esa corrupción abarca "la contratación de empresas fantasmas, las asignaciones directas como medio para evitar la transparencia, la falta de rendición de cuentas de las entidades y funcionarios y la opacidad que rige el manejo del presupuesto en la mayoría de las entidades federativas de nuestro país", dijo el comité.
El caso se torna grave porque los gobiernos de los estados que ganó la oposición en 2016 "quedaron quebrados por el saqueo de los fondos públicos destinados al partido en el poder, para financiar ilegalmente campañas proselitistas, con la presunta participación de autoridades federales", puntualizó.
No obstante, en un año electoral, "las investigaciones marcharán en un marco institucional débil, porque no existe un fiscal anticorrupción que debe nombrar el Senado, ni han sido nombrados los jueces del Tribunal Fiscal Administrativo para ventilarlo", concluyó.
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México celebrará el 1 de julio de este año elecciones presidenciales y legislativas.
