"Aunque la paz avanza, el 2017 nos deja muchas preocupaciones porque la implementación jurídica del acuerdo de paz es frustrante, ya que no se avanzó como se hubiera podido", dijo Daza, quien acompaña en la fórmula presidencial al candidato y máximo líder de FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, para las elecciones de 2018.
Con el aval de la Corte Constitucional, el Congreso también "desfiguró" la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), un sistema de justicia transicional diseñado por el acuerdo de paz para juzgar a todos los actores armados del conflicto que hubieran incurrido en crímenes no asociados a delitos políticos.
Cambios al acuerdo
Los cambios más urticantes son que ningún jurista defensor de derechos humanos que haya abierto causas contra el Estado en los últimos cinco años puede ser magistrado de la JEP, que los exguerrilleros puedan ser juzgados por la justicia ordinaria y extraditados y que se excluya de la jurisdicción de este tribunal a "los terceros civiles y a agentes del Estado no combatientes" sobre quienes pesan responsabilidades por graves crímenes.
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La FARC ve que esas modificaciones constituyen "el comienzo del fin" para la paz en Colombia, observó Daza.
"Pasamos el año sin aprobar en materia de implementación", subrayó la dirigente.
Balance de la paz
El 28 de diciembre, el Gobierno colombiano presentó su balance, poniendo el acento en los logros más destacados desde que se firmó el acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016.
El pasado 15 de agosto "la totalidad de los integrantes de las FARC, incluyendo las milicias, terminaron el proceso de dejación de armas, las Naciones Unidas recibieron el armamento, lo depositaron en los contenedores y realizaron la extracción de los mismos de cada una de las zonas", dice el balance oficial.
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Las FARC cumplieron lo pactado, pero ahora "es el Gobierno el que incumple y no brinda a la insurgencia, que terminó la guerra, las condiciones ni jurídicas ni económicas ni de protección que se acordaron en La Habana", donde se desarrollaron la mayor parte de las negociaciones durante cuatro años, insistió Daza.
Muestra de ello son los 105 asesinatos de líderes sociales registrados a lo largo de este año por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, no se trata de asesinatos sistemáticos y obedecen a un tema "de linderos, a un tema de faldas, a un tema de pelea por rentas ilícitas".
La FARC y las organizaciones sociales y de derechos humanos rechazan esta interpretación.
"Es innegable que todos estos hechos nos generan mucha preocupación, pero eso no nos desanima para seguir trabajando por la construcción de la paz", dijo Daza.
Pendientes
Se debían tramitar 24 proyectos, pero solo se llegó a 15, incluyendo la reglamentación de la JEP y la amnistía a excombatientes de las FARC, lo que permitió que varios de ellos salieran de prisión, si bien aún no obtuvieron la libertad más de 1.000 presos políticos.
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La Corte Constitucional también jugó su papel, al aprobar este año 22 normas, de las cuales seis se relacionan con el campo, cuatro con reparación de víctimas y derechos de los niños y 11 con la reintegración a la vida civil y participación en política de los miembros de FARC.
Para la izquierda nunca es fácil
Para 2018 la Corte tiene pendiente de estudiar la ley estatutaria que reglamenta la JEP, así como todos los decretos en materia agraria, en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales previstas para el año próximo.
"Para la izquierda colombiana nunca ha sido fácil ningún año, y para el nuevo partido el 2018 será de retos y grandes desafíos, pero hay la mejor disposición para continuar y resolver los problemas y dificultades que se vayan presentando, y hay gran entusiasmo por la jornada electoral", dijo Daza.
Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en mayo, y por primera vez la FARC participará en ellas.
