"Los desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz (adoptada en 2005 para juzgar a los paramilitares) que recobren su libertad (…) podrán entrar al proceso de reintegración que desarrolla la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN)", indica el decreto expedido por la Presidencia.
Aunque el decreto permite que los exparamilitares se beneficien de los planes estatales de reincorporación a la vida civil una vez salgan de la cárcel, "seguirán su trámite judicial" por la vía de la Ley de Justicia y Paz, no por la JEP, precisó el Gobierno.
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El Gobierno argumentó que "otorgar a los excombatientes las herramientas suficientes para integrarse a la vida económica y social constituye una garantía de no repetición".
En 2006 y tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), más de 30.000 personas vinculadas a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se sumaron a los procesos de desmovilización, desarme y reintegración.
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Como parte del acuerdo, los paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contempla penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer los graves crímenes que cometieron.