La aprobación de la ley en el Congreso, el 15 de diciembre, "implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos", dice la declaración fechada el 18 de diciembre en Washington, Nueva York, Stuttgart y Ginebra, y difundida en México por organizaciones nacionales de DDHH.
Al mismo tiempo anunciaron la integración de un "Observatorio Internacional sobre México", cuyo mandato será "observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país".
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La coalición, que espera la integración de otras organizaciones internacionales, también continuará dialogando con las autoridades mexicanas "para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional".
La Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que "posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio mexicano y contra todos sus ciudadanos", estiman las organizaciones.
La nueva ley es parte de "una tendencia peligrosa" con la cual "México se aleja de los valores democráticos".
En lugar de la promulgación de la ley pidieron al mandatario "abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas" en el contexto de una década de "guerra contra las drogas", mientras 2017 se perfila como "el año más letal de la historia de México", concluye el posicionamiento.
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La Ley de Seguridad Interior avala y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad públicas reservadas para autoridades civiles en casos de violencia extrema del crimen organizado.
