"Rechazamos que la eventual aprobación del proyecto pueda conllevar una militarización de la seguridad pública", dice la carta dirigida al alto comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein y firmada por altos funcionarios de las secretarías federales de Relaciones Exteriores, de Gobernación (Interior) y de la Procuraduría General.
La carta firmada por el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos (DDHH), Miguel Ruiz Cabañas, el subsecretario de Gobernación (Interior) en DDHH, Roberto Campa, y la subprocuradora de DDHH, Irene Herrería, afirma que "la jurisprudencia internacional y la emitida por la Corte Interamericana de DDHH no prohíbe a los Estados recurrir a las Fuerzas Armadas, mientras estas se sujeten a los estándares de derechos humanos".
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El objetivo del proyecto de ley del presidente Enrique Peña Nieto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, es “hacer frente a los desafíos que plantea la seguridad interior en distintas zonas del país", dice la respuesta oficial a la ONU y a la CIDH.
La iniciativa legal es rechazada por toda la oposición en el Congreso.
Ley contra delincuencia organizada
El Gobierno de México considera importante que el Poder Legislativo "dote de un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las fuerzas armadas".
La postura oficial surge "ante distintos pronunciamientos de mecanismos de derechos humanos", envía "información sobre la iniciativa de ley, incluyendo al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a la CIDH, y a los procedimientos especiales del Consejo de DDHH" de Naciones Unidas.
Varios organismos estiman que la ley es "inconstitucional" porque le otorga a las fuerzas armadas atribuciones que la Constitución deposita en autoridades civiles.
La respuesta oficial asegura, por el contrario, que la legislación que votará el Senado garantiza "el respeto a nuestra Carta Magna, incluyendo el imperativo de promoción y protección de los derechos humanos".
Ese apoyo militar "permitirá fortalecer los esfuerzos para avanzar en el reforzamiento de los cuerpos policíacos locales a fin de que cumplan con sus responsabilidades en materia de seguridad pública", dice la réplica.
Los principales grupos de trabajo en DDHH y relatores especiales alertaron que el proyecto que está en su fase final de aprobación legislativa, es "ambiguo" y contiene una definición "excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta".
La repuesta gubernamental dice que, por el contrario, la iniciativa legislativa "deja clara la importancia del respeto a los derechos humanos", y asegura que el papel de las fuerzas armadas "sea acotado a aquellas situaciones en las que sea absolutamente indispensable, a través de procedimientos claros que se prevén en el proyecto de ley".
Expertos de la ONU advirtieron que "dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos".
El pronunciamiento conjunto de siete procedimientos especiales, entre grupos de trabajo y relatores especiales, es "un hecho sin precedentes". destacó la oficina de la ONU en Ginebra.
El debate en el Senado se podría prolongar a altas horas de la noche, de acuerdo con la lista de oradores registrados al final de la tarde.
