"El poder Ejecutivo aún tiene la posibilidad de materializar su propio llamado (de ampliar el diálogo) y evitar la entrada en vigor de la Ley", indicó el organismo.
Peña Nieto evitaría así la promulgación de la controvertida norma, que avala la participación de militares en tareas de seguridad pública, tras más de una década desplegados para combatir el crimen organizado.
El proyecto, aprobado en un proceso legislativo en el que solo falta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, "genera confusión entre la nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país", dijo el organismo internacional en un comunicado.
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La ONU-DH reiteró que, a pesar de las modificaciones realizadas por los legisladores al proyecto original, presentado por Peña Nieto, el texto aprobado "presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos [y] no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación".
Finalmente, en caso de que la iniciativa fuese promulgada por el mandatario, la ONU-DH alentó a los "actores legitimados a interponer acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que la Ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano".
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El pasado 5 de diciembre el Alto Comisionado dijo que "la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada".
El proyecto de la Ley de Seguridad Interior fue votado mayoritariamente por ambas Cámaras del Congreso el viernes 15 de diciembre, a pesar del rechazo de toda la oposición política y ciudadana.