"No hay palabras suficientes para describir la actitud del presidente, de los senadores y diputados oficialistas, al hacer oídos sordos ante las voces autorizadas del máximo nivel, como (la Organización de) las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alertan sobre la militarización del país que instaurará la ley de seguridad interior", dijo Culebro.
"Nunca se había visto en la historia de este país que todos los relatores y comisiones de la ONU y de la OEA (Organización de los Estados Americanos) manifiesten al unísono su enorme preocupación por una ley que otorga un poder indiscriminado al Ejército y a la Marina sobre las autoridades civiles", lamentó la experta.
El proyecto de ley que establece el marco jurídico para que los militares combatan al crimen organizado en tareas de seguridad pública, fue modificado en el Senado en una decena de sus 34 artículos, por lo cual fue devuelto a la cámara baja, para su aprobación final.
Expertos de la ONU señalaron horas antes de la votación que el proyecto "carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos".
Las experiencias en países donde los militares "vigilan" el orden público "han demostrado que, una vez que tienen esas facultades, se altera dramáticamente el orden político y social y la vida pública se militariza", prosiguió la directora de IDHyD, que integra la red mexicana Seguridad sin Guerra", junto a casi 300 organizaciones civiles y especialistas que rechazan el proyecto de ley.
Fase final del proceso legislativo
La Cámara Diputados de México aprobó el 15 de diciembre por mayoría la controvertida Ley de Seguridad Interior que avala a los militares para combatir al crimen organizado en tareas de seguridad pública, para que el presidente Enrique Peña Nieto la promulgue.
Una década después de que los militares fueron desplegados en operaciones contra enclaves del crimen organizado, por el entonces presidente Felipe Calderón, la legislación propuesta hace más de un año por Peña Nieto regula finalmente las acciones de las Fuerzas Armadas en las calles.
Peña Nieto ofreció la semana pasada apertura al diálogo con la sociedad civil.
"Esa promesa no se cumplió, los senadores solo se prestaron a reuniones para simular que escuchaban voces a favor y en contra, pero evidentemente no se estableció ningún diálogo", relató Culebro, que participó de los debates legislativos.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, destacó que es "un hecho sin precedentes" el pronunciamiento conjunto contra el proyecto de siete procedimientos especiales, que incluye a dos grupos de trabajo, sobre Desapariciones Forzadas y sobre Detención Arbitraria, y cinco relatores especiales.
Además de la ONU y la CIDH, Amnistía Internacional, Artículo 19 y Seguridad sin Guerra se oponen tajantemente a la ley que podría quedar lista para su promulgación presidencial el 15 de diciembre.
