"Se condiciona la voluntad de los tres poderes del estado", dijo Viana quien se desempeñó durante 26 años como fiscal y dejó su cargo el pasado 1 de noviembre.
Así, Uruguay se compromete a hacer cambios en el sistema educativo para asegurar a la industria la provisión de mano de obra calificada, invertir en millonarias obras de infraestructura y altas exoneraciones fiscales para la firma finlandesa.
La empresa, por su parte, deberá contratar mano de obra uruguaya en una relación mínima de 75:25 (75% de trabajadores uruguayos y 25% de trabajadores extranjeros), cumplir con los estándares ambientales exigidos por Uruguay y contribuir al menos por diez años en un Fondo de Innovación Sectorial impulsado por el país sudamericano.
Según el experto, esta condición debería invalidar el acuerdo por ser inconstitucional y atentar contra la soberanía de su país.
"Si nosotros condicionamos el dictado de las leyes a la voluntad de una empresa privada extranjera, si nosotros supeditamos nuestra voluntad legislativa que en realidad es del pueblo a la voluntad de una empresa privada indefectiblemente estamos afectando a la soberanía del Estado", insistió.
Inconstitucional
De acuerdo a Viana, el texto provisorio que firmaron las partes, como el que pueda ser definitivo, son inconstitucionales, además de ser diferentes a los Tratado de Libre Comercio (TLC) que se implementan entre Estados.
Según el letrado, estos acuerdos se diferencian a los TLC que sí están regulados en Uruguay porque la norma dice que deben ser suscriptos por el Gobierno y luego refrendados por el parlamento.
"Incluso la Constitución habla de contratos y tratados pero con otro Estado (y que) necesitan necesariamente seguir ese procedimiento", aclaró.
A pesar de que el contrato entre Uruguay y UPM solo se manejó en la órbita del Ejecutivo, no puede ser declarado inconstitucional a causa de un vacío legal, añadió.
Por otra parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay, Álvaro García, dijo en entrevista con el periódico local La Diaria que todo lo acordado está respaldado legalmente.
"Si hay algo que es muy claro es que todo lo que está planteado está en el marco de la ley", dijo a La Diaria uno de los principales negociadores del Gobierno y agregó que "en algún momento hubo planteamientos de cosas que no estaban en las manos del Gobierno porque eran ilegales".
La segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM en Uruguay, la tercera que albergará el país sudamericano, estaría ubicada en el departamento de Durazno (centro), muy cerca del poblado Centenario.
Se estima que esta nueva planta aumentaría en 2% el Producto Interno Bruto de Uruguay.
