"Nadie gana con esta nueva política terrible, es simplemente punitiva. Daña a estadounidenses y cubanos por igual", escribió Barbara Lee, congresista demócrata por California, en la red social Twitter respecto a las prohibiciones dadas a conocer hoy por los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio, y que entrarán en vigor el 9 de noviembre.
La senadora Dianne Feinstein, también miembro del partido azul por ese estado, por su parte, escribió en el servicio de microblogging que aislar al pueblo cubano no sirvió a los intereses estadounidenses antes, y tampoco lo hará ahora.
"El aislamiento no funciona", agregó la miembro de la Cámara alta al compartir un artículo del diario The Washington Post sobre las medidas que entrarán en vigor a partir de mañana.
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Integrante del partido de Trump, el congresista republicano Mark Sanford (Carolina del Sur), opinó que la prohibición de viajar a Cuba, impuesta durante la etapa conocida como Guerra Fría, "es anticuada y una limitación injusta de la libertad estadounidense".
Críticas emanaron, igualmente, del NFTC de Estados Unidos que calificó de "equivocadas" las nuevas limitaciones.
Según la institución creada en 1914 y que asesora a cientos de corporaciones en políticas fiscal y comercial, las restricciones que vetan los negocios de las empresas estadounidenses en la isla del Caribe son "contraproducentes".
Jake Colvin, vicetitular del NFTC, manifestó en un comunicado que restringir a las compañías norteamericanas las operaciones en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel impide que los estadounidenses participen en una actividad económica potencialmente beneficiosa para los trabajadores y el pueblo de Cuba.
Insistió el experto en asuntos comerciales en que las nuevas barreras afectarán a los trabajadores por cuenta propia y a los arrendadores de viviendas particulares, quienes son parte del sector privado al que el gobierno de Trump prometió apoyar.
Sobre las medidas que cobrarán vigencia mañana, el portavoz del NFTC sentenció que serán confusas para los viajeros y requerirán recursos significativos del Ejecutivo de Washington para su cumplimiento.
Las prohibiciones incluyen el veto a los estadounidenses de hacer transacciones con cerca de 180 entidades de la isla —entre ellas hoteles, marinas y tiendas- y obliga a que todos los viajes educativos no académicos "pueblo a pueblo" se lleven a cabo bajo los auspicios de una organización que esté sujeta a la jurisdicción norteamericana.
Tales barreras fueron dadas a conocer una semana después que 191 de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas respaldaran una resolución de la Asamblea General que demanda el cese del bloqueo de Washington contra la mayor de las Antillas, en vigor desde hace más de medio siglo.
La noticia fue publicada en un contexto caracterizado por el interés creciente de sectores económicos, académicos y comerciales de Estados en ampliar los vínculos con la nación antillana.
Una encuesta nacional de la compañía Morning Consult publicada en junio último por la coalición Engage Cuba arrojó que el 65 % de los votantes estadounidenses, entre ellos más de seis de cada 10 republicanos, respaldan el acercamiento hacia la isla iniciado por la administración de Obama.
A tenor de ese sondeo, apenas un 18 % de los ciudadanos de este país se opone a la apertura a la isla caribeña emprendida por el exmandatario demócrata.
