El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, anunció al Instituto Nacional Electoral (INE) que esa fuerza gobernante renunciaba a los fondos que le corresponden para el resto de 2017 y presentó al Congreso un ambicioso proyecto de reforma constitucional de "cero recursos públicos a los partidos", a partir de los comicios generales de 2018.
Además, plantea "la eliminación de los diputados y senadores plurinominales" (asientos que corresponden al porcentaje total de cada partido en la votación), dijo el líder del partido del presidente Enrique Peña Nieto.
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La iniciativa indica que todos los legisladores serían elegidos por voto directo en los 300 distritos, eliminando 200 puestos proporcionales que se reparten los partidos, lo que reduciría la Cámara de Diputados de 500 a 300 curules, y la Cámara de Senadores de 126 asientos a 64 asientos (dos por cada uno de los 32 estados del país).
En una conferencia de prensa en la sede del Congreso, el PRI anunció además su decisión de "informar al INE su renuncia al 100T de los recursos públicos que le corresponden para 2017", que ascienden a 258 millones de pesos (unos 14,4 millones de dólares).
El partido gobernante presentó una tabla, según la cual, el erario se ahorraría en lo que resta del año otros 1.000 millones de pesos (casi 55 millones de dólares).
La propuesta opositora
La propuesta del PRI, que incluye además eliminar más 430 curules de diputados proporcionales en los congresos de los 32 estados del país, totaliza un ahorro de unos 19.400 millones de pesos (casi 1.100 millones de dólares).
La iniciativa fue presentada luego de que el opositor Frente Ciudadano por México —integrado por tres partidos centristas—, propuso el fin de semana que todo el dinero de las campañas políticas fuera utilizado en la reconstrucción, tras los terremotos del 7 y 19 de este mes, que dejaron un centenar y más de 324 muertos respectivamente, y decenas de miles de edificios y viviendas dañadas.
Los tres principales líderes del FCM propusieron que "los casi 12.000 millones de pesos (más de 675 millones de dólares) de fondos públicos federales y de los 32 estados del país para las campañas políticas del 2018, sean destinados a los damnificados de los sismos.
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El FCM afirma que "el cambio de régimen (de financiamiento a la política) nos llevará a la construcción de un nuevo país, al evitar los gastos excesivos y propaganda del gobierno".
"Más de 25.000 millones de pesos (unos 1.400 millones de dólares) que cuesta al año el organismo electoral federal (INE) y los partidos", serían canalizados a favor de obras públicas, dice la oposición.
El FCM considera que los partidos políticos reciben "menos del 1% del presupuesto del Gobierno Federal", de unos 260.000 millones de dólares para el año próximo.
El programa de austeridad opositor considera además cancelar todos los seguros de gastos médicos, viáticos, pago de teléfonos celulares y gasolina a todos los altos funcionarios del gobierno
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Además, proponen eliminar todos los gastos de publicidad del gobierno federal, salvo los relacionados con Salud, Turismo y Protección Civil.
El partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador subió su propuesta original de donar el 50% de sus fondos públicos a los damnificados, y se pronunció para "poner fin al financiamiento públicos para los partidos con un plan de austeridad".
El próximo año se renovará el Congreso, se elegirá nuevo presidente de la República (2018-2024) y las dos terceras partes de los gobernadores del país.