"La presente acción penal se basa en prueba independiente, principalmente en prueba documental recopilada en diligencias de búsqueda e incautación", remarcó el juez de la Operación Lava Jato al principio de la sentencia publicada el 12 de julio y que tiene una extensión de 260 páginas.
El caso por el que Lula fue condenado se refiere al apartamento 164-A (un tríplex) del edificio Solaris, situado en la costera localidad de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.
Según los investigadores la empresa constructora OAS entregó este apartamento a Lula a modo de soborno encubierto, agradeciendo al expresidente por interceder a la hora de facilitar que la empresa firmara contratos con la petrolera semiestatal Petrobras.
Durante todo el proceso judicial Lula admitió que en un principio él y su esposa Marisa Letícia —fallecida el pasado mes de enero— estuvieron interesados en adquirir el apartamento, pero después desistieron, por lo que remarcan que el inmueble nunca fue de su propiedad y no hay ningún documento que lo demuestre.
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La sentencia de Moro refuta ese argumento con diversas pruebas; las más importantes son los documentos encontrados durante un registro policial en la vivienda en la que Lula y su esposa vivieron toda su vida, en Sao Bernardo do Campo (Sao Paulo).
Allí la policía encontró documentos relativos a la adquisición del apartamento en el entonces llamado "Residencial Mar Cantábrico", propiedad del banco Bancoop, que más tarde pasaría a manos de la constructora OAS y cambiaría su nombre a Solaris.
El documento más importante es un término de adhesión y compromiso fechado en abril de 2005 y relativo a "la participación en la adquisición de derechos" de una unidad residencial identificada como apartamento 174 (un dúplex que más tarde se convertiría en tríplex y pasaría a denominarse 164-A).
Ese documento, sin embargo, no está firmado.
Moro también aporta los escritos que prueban todas las reformas que se hicieron en el apartamento para acomodarlo a las exigencias del matrimonio, como la instalación de un ascensor privado, una nueva escalera y la demolición de un dormitorio, entre otros, y añade que ésta no era una práctica habitual de OAS en sus promociones inmobiliarias.
"Son características de una reforma personalizada, para atender a un cliente específico y no de una reforma general para incrementar el valor de venta para un público indeterminado", señaló el juez, que subrayó así que la empresa estaba preparando el piso especialmente para Lula.
Moro también destacó como pruebas las supuestas contradicciones del expresidente entre las declaraciones dadas a la policía primero y en el juicio después.
"En el primero (de los testimonios de Lula) hay reformas y el expresidente tomó las decisiones de no quedarse con el inmueble, mientras que en el segundo las reformas desaparecen, además de apuntar a Marisa Letícia Lula da Silva como la responsable por la toma final de la decisión (de rechazar el apartamento)", apunta Moro.
"La declaración del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva no concuerda con esos documentos, puesto que afirma que jamás hubo intención de adquirir el apartamento 164-A, tríplex, ni siquiera en un principio", sostuvo el juez, quien añadió: "Confrontado con esos documentos en audiencia no presentó ninguna explicación concreta".
Una de las bases de la sentencia es el elevado número de testigos que según el magistrado afirmaron que el apartamento pertenecía a Lula; entre ellos aparecen citados incluso los porteros que acompañaban a Marisa Letícia en sus visitas al inmueble, pero el más importante es el del expresidente de OAS, Léo Pinheiro.
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En sus declaraciones a la Justicia, Pinheiro dijo que en 2009, cuando OAS asumió la obra de Bancoop, fue informado por el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, de que "la familia del presidente Lula" tenía un piso en el edificio.
El directivo de OAS explicó a Moro que la diferencia de precio entre los dos inmuebles, además del coste de las reformas, sería compensada por las deudas que la constructora tenía con las aportaciones irregulares al PT.
En la sentencia Moro remarca que las "delaciones premiadas" (confesiones a cambio de reducciones en la condena, como ésta de Pinheiro) sirvieron para confirmar "un conjunto probatorio robusto" y no al contrario.
Pretendía anticiparse así a las críticas de los abogados y simpatizantes del expresidente, que consideran que el juez no contaba con pruebas suficientes y que la sentencia se basa en suposiciones y conclusiones construidas a raíz de las acusaciones no contrastadas de algunos de los implicados en el caso.
En la sentencia Moro también cita un reportaje que el diario brasileño O Globo publicó en 2010 con el titular "Caso Bancoop: el tríplex del matrimonio Lula está atrasado".
Moro remarcó que en el reportaje incluso se afirma: "Presidencia confirmó que Lula continúa siendo propietario del inmueble"; Lula, quien gobernó entre 2003 y 2011, estaba entonces en su último año en el Gobierno.
El expresidente fue condenado por corrupción pasiva y blanqueo de dinero; seis años por el primer delito y tres años y seis meses por el segundo, y además fue inhabilitado durante 19 años para ocupar cargos públicos.
Lula podrá recurrir la condena en libertad, pero si la sentencia se confirma en segunda instancia —el proceso puede alargarse varios meses- no podría presentarse a las elecciones de 2018, comicios en el que las encuestas lo dan como favorito.
