Denuncian escaso avance de justicia guatemalteca en caso de niñas quemadas

"A nivel judicial la investigación va lenta, no ha habido más señalados (aparte de los tres exfuncionarios detenidos) y ninguna responsabilidad más reconocida, lo cual es preocupante porque había cosas más profundas, como vinculaciones con redes de trata de personas, y no ha habido ningún señalamiento ni juicio en ese sentido", señaló Escobar en el día en que se cumplen dos meses de la tragedia.

Tres exfuncionarios fueron detenidos tras el mortal incendio: Carlos Antonio Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), encargada de la administración del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Anahy Keller Zabala, exsubsecretaria de la misma dirección, y Santos Torres Ramírez, quien se desempeñaba como director del centro de menores.

Se los acusó de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

Asimismo, Escobar lamentó que una de las adolescentes que sobrevivió al incendio fue asesinada días atrás por pandilleros y aseguró que otras están siendo también amenazadas.

Sin embargo, continuó la especialista, en el ámbito legislativo sí se han logrado avances: el 15 de este mes se va a plantear una reforma a la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, aprobada en 2003, que ha sido consensuada durante "más de ocho meses por organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y varios políticos de instancias del estado".

Esa reforma, dijo Escobar, "es como una nueva ley", pues incluye un marco conceptual, aborda el funcionamiento institucional y la coordinación entre instituciones del estado, añadió.

"Creo que una ley no sirve de nada si no hay voluntad política, pero esto parece un buen punto", consideró Escobar, cuya asociación brinda albergue a menores de edad sin hogar o maltratados y hace campañas por los derechos de la infancia.

Por otro lado, la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de Guatemala lanzó en febrero el Diálogo Nacional por la Niñez y Adolescencia, en el que han participado los tres poderes del Estado, y al que se ha sumado la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Esta iniciativa, que terminará en agosto, es un "diálogo al más alto nivel que se ha producido en varios lugares del país", por lo que "hay un compromiso de construir política con todos esos insumos para tener un buen marco legislativo", añadió Escobar a esta agencia.

La especialista, sin embargo, criticó que a tan solo dos meses del mortal incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción "el caso parece haber caído en el olvido", ya que temas como la reforma constitucional acaparan la atención mediática.

El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en el municipio rural de San José Pinula, a 22 kilómetros de la capital, se produjo el pasado 8 de marzo cuando algunas niñas prendieron fuego a unas colchonetas.

El fuego se propagó y adolescentes de entre 13 y 16 años quedaron atrapados hasta que murieron calcinadas, mientras que otras fallecieron días después en centros hospitalarios a consecuencia de las quemaduras.

La mayoría de los niños son enviados a ese centro cuando la justicia constata que han sufrido situaciones de maltrato o de violencia o que viven en la calle, aunque también comparten el lugar con algunos menores infractores.

Desde hace años los propios adolescentes protestaban por malos tratos y hacinamiento en el mismo orfanato.