"Encontramos Brasil en una situación delicada y lo fuimos arreglando poco a poco; pero para arreglar a veces se necesitan medidas llamadas impopulares, porque rechazamos las medidas populistas", explicó Temer el martes a un grupo de congresistas, para convencerlos de que dieran luz verde a la reforma.
Según los datos que maneja el Gobierno, el sistema de pensiones genera unos gastos crecientes: en 1997 suponía el 0,3 del Producto Interno Bruto (PIB) y en 2017 se estima que absorba 2,7%, lo que equivale a unos 181.200 millones de reales (más de 57.500 millones de dólares).
La administración de Temer cree urgente reformar el sistema de jubilación para que sea sostenible a largo plazo.
La principal modificación fue establecer una edad mínima mayor para la jubilación, ya que hasta ahora los brasileños podían dejar de trabajar entre los 55 y los 60 años.
Por otra parte, la propuesta gubernamental cambia la mayoría de reglas para cobrar la pensión por jubilación: a partir de ahora el tiempo mínimo de contribución al sistema pasa de 15 a 25 años y los trabajadores que quieran cobrar la pensión completa tendrá que haber cotizado durante 40 años, sin interrupciones, aunque la propuesta inicial era de 49 años.
El Gobierno intenta aplacar las críticas remarcando que la reforma acabará con "privilegios", pero lo cierto es que las pensiones de los militares (cuyo pago consume casi 10.500 millones de dólares al año) no se van a tocar, si bien la administración asegura que las abordará más adelante.
De ahora en adelante tendrán que trabajar cinco años más, pero el cambio no afectará a los actuales legisladores, sino a los senadores y diputados que sean elegidos a partir de las elecciones de 2018.
Gran parte de las críticas que el texto recibe se relacionan con la exclusión a la que se verán sometidos los trabajadores más pobres; la propuesta inicial igualaba a los trabajadores agrícolas (con unas condiciones de trabajo más duras) y a los urbanos, estableciendo 65 años de edad mínima para todos, pero el Gobierno dio marcha atrás.
Los hombres brasileños que trabajan en el campo podrán jubilarse a los 60 años, y a los 57 años las mujeres, siempre que hayan contribuido al sistema durante al menos 15 años.
Según la administración, el ahorro será un 20% menor de lo previsto, pasando de los 800.000 millones de reales (254.000 millones de dólares) en 10 años a los 630.000 millones de reales (más de 200.000 millones de dólares), pero aun así, sostiene el Gobierno, vale la pena aprobarla.
"Se suavizó enormemente aquel proyecto inaugural, así que no hay más motivos para decir que no debe aprobarse la reforma de las pensiones", sostuvo Temer el martes.
Reformar el sistema de pensiones no es fácil, pues exige modificar la Constitución, por lo que requiere más de dos tercios de los votos en el Congreso, y Temer está teniendo dificultades para reunirlos incluso entre sus propios aliados.
Sindicatos, partidos opositores y movimientos sociales de izquierda convocaron para este viernes una huelga general en todo el país.
La medida busca paralizar el país para protestar contra la reforma del sistema de pensiones, pero también contra otras medidas que van en la misma línea de austeridad y flexibilización de las normas del trabajo, como la modificación del régimen laboral y el proyecto de ley de externalización del empleo.