"Se considera pertinente solicitar al gobierno de Italia que dé preferencia al requerimiento planteado por los Estados Unidos, donde se acusa a Tomás Yarrington de tráfico de drogas y delitos relacionados con lavado de dinero", dijeron la noche del miércoles en un comunicado conjunto el procurador general de México, Raúl Cervantes, y el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions.
Con base en este acuerdo, la autoridad italiana, "una vez agotadas las etapas del procedimiento de extradición correspondiente, ordene su entrega (del ex gobernante mexicano) a los Estados Unidos", dice el texto conjunto emitido un día después de que ambos funcionarios se reunieron el martes en Washington.
Los fiscales generales de ambos países, llegaron a ese acuerdo luego de realizar consultas y analizar los hechos que se imputan a Yarrington quien gobernó de 1999 a 2004 ese estado mexicano fronterizo con Texas, EEUU, "las pruebas disponibles y las penas que potencialmente podrían imponérsele, de conformidad con estándares internacionales", prosigue el anuncio oficial.
El acuerdo fue alcanzado "en términos del Artículo 13 del Tratado de Extradición entre México e Italia y XV del convenio en la materia entre Italia y los Estados Unidos", dice el comunicado conjunto.
Esos instrumentos del derecho internacional establecen, según los fiscales de ambos países, que "se privilegie el trámite de la solicitud de extradición que cumple en la mayor medida con los criterios establecidos por dichos instrumentos internacionales".
Los cargos imputados por autoridades mexicanas al político, quien llegó al cargo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante, que lo expulsó de sus filas el año pasado), son castigados por hasta 20 años de prisión en México.
En EEUU, por los delitos imputados, Yarrington, de 60 años, alcanzaría dos cadenas perpetuas, más 90 años de prisión, según la fiscalía federal mexicana.
Una estrategia conjunta
La detención de Yarrington en Italia, "fue el resultado de la cooperación en materia de procuración de justicia entre las autoridades mexicanas, italianas y estadounidenses", revela el acuerdo.
El exgobernador enfrenta acusaciones graves tanto en México como EEUU, "derivadas de hechos delictivos presumiblemente cometidos durante su gestión como gobernador del estado de Tamaulipas, durante el periodo de 1999-2004, en territorio mexicano y en estadounidense", indica el informe de los fiscales.
El acuerdo también indica que, una vez que Italia autorice la extradición a EEUU y después que sea procesado y sentenciado en ese país, se autorice una extradición temporal a México para que rinda cuentas por los delitos imputados en este país.
El acuerdo establece que después "se autorice en el mismo acto la extradición temporal a México a fin de que enfrente a la justicia por los delitos que se le imputan en nuestro país, una vez que sea procesado y sentenciado por las autoridades de EEUU", explica el texto.
Esa extradición temporal debe realizarse "de conformidad con los instrumentos internacionales suscritos entre ambos países".
Asimismo, una vez que Yarrington sea extraditado a los EEUU, las autoridades estadunidenses se comprometieron con México "a dar trámite a la solicitud para la toma de declaraciones o entrevistas al extraditado".
Esas actuaciones se realizarán con base en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua bilateral de México y EEUU y otros instrumentos internacionales aplicables.
Tamaulipas es uno de las provincias mexicanas más asolada por el crimen organizado, sobre todo el Cartel del Golfo y Los Zetas, fundado por militares desertores.
Las investigaciones de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, en inglés) también incluyen otros dos exgobernadores de Tamaulipas que gobernaron por el PRI ese estado petrolero, que abarca la franja del noreste del Golfo de México.
Una investigación publicada por la revista mexicana Proceso, indica la DEA comenzó a indagar cuando el cadáver de un conocido empresario de Tamaulipas apareció en noviembre de 2011 en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo.
El cuerpo de la víctima tenía un mensaje que acusaba al exgobernador de lavar dinero del narcotráfico en empresas de la víctima.
La DEA presentó como testigo, ante una corte de Texas, al hermano del empresario asesinado, quien acusó al exgobernante de ligas con el cartel de Los Zetas.
Un juez emitió órdenes de arresto en 2012, al tiempo que confiscó sus propiedades.
Los investigadores estadunidenses concluyeron que los políticos oficialistas de ese estado recibieron dinero sucio del narcotráfico para las campañas y su beneficio durante 20 años, dice el reporte.
