Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), apenas con los alimentos perdidos o desperdiciados en los puntos de venta directa al consumidor de la región, se podría dar de comer a 36 millones de personas. Esto equivale a casi dos tercios de quienes pasan hambre en ese territorio.
El BAP opera con productores agrícolas, industriales y supermercados, que proveen los alimentos a punto de caducar pero aún aptos para el consumo humano. La acción de rescate tiene un impacto "social, económico y ambiental". Por un lado, se logra "aliviar el hambre de las personas" a la vez que se llega a "evitar el desperdicio de los alimentos", expresó Cordero.
Argentina desaprovecha 16 millones de toneladas de alimentos, un 12,5% de su producción, la mayoría —40%— frutas y verduras. En México, un 37% de los alimentos se desperdicia, es decir, un total de más de 12 millones de toneladas. En Brasil son 41.000 las toneladas de alimentos que se descartan a diario. En este último país hay iniciativas parlamentarias para regular la donación de alimentos.
La FAO indica que el 25% de los cereales, el 40% de las raíces o tubérculos, el 55% de las frutas y hortalizas, el 20% de las carnes, el 20% de los lácteos y el 33% de los pescados y mariscos provenientes de la región se pierden o desperdician.
Perú aprobó una ley de donación de alimentos para revertir la situación que se daba: para las empresas era más barato destruir lo que no pudieron vender que donarlo. La norma prevé que "dentro de tres años las empresas no van a poder destruir estos alimentos", explicó Cordero. No obstante, la norma pone un tope de 10% en las deducciones sobre la renta neta. "Ha habido algunos avances en materia legal, pero todavía hay mucho por recorrer. Hay algunas partes de la ley que no han quedado muy claras eso todavía se tiene que ir especificando", puntualizó la integrante del Banco.
Uruguay está discutiendo en su Parlamento un proyecto de ley para frenar el despilfarro en supermercados e industrias alimentarias, similares a los existentes en Francia o en Italia. Según explicó a Sputnik Adrián Peña, el diputado impulsor de esta iniciativa, se trata de "un primer avance" para combatir un problema que requiere un aprendizaje y un cambio cultural.
"Debemos llegar a que cada uno de nosotros en nuestros hogares compre de manera racional y equilibrada. Las políticas comerciales y de educación sobre todo deben llevar a que cambiemos nuestros hábitos. Esto tiene que ser fruto de un proceso", dijo el legislador uruguayo del Partido Colorado.
El proyecto de ley establece que ningún establecimiento comercial podrá destruir o tirar alimentos que se encuentren en condiciones de ser consumidos. Esos alimentos deberán ser destinados a ONGs o entidades que presten servicios a personas en situación de pobreza o indigencia. El diseño de norma cuenta con el apoyo de la central sindical uruguaya, el PIT-CNT, así como de la Asociación de Supermercados del Uruguay, indicó el legislador.