El expediente de los ataques de policías confabulados con sicarios del crimen organizado, perpetrada en septiembre de 2014 con saldo de seis personas muertas, más de 25 heridos y 43 alumnos desaparecidos, será objeto de análisis del coordinador del mecanismo de seguimiento de las medidas cautelares en el llamado 'caso Iguala', ciudad de Guerrero, 220 kilómetros al sur de la capital.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto dio la bienvenida al anuncio de que del 9 al 12 de noviembre de 2016 se llevará a cabo la primera visita del relator para México, comisionado Botero, dijo la Presidencia mexicana en comunicado.
Botero llegará acompañado de los más altos cargos de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que encabeza el diplomático uruguayo Luis Almagro: el nuevo secretario ejecutivo Paulo Abrao, y el presidente del organismo James Cavallaro.
La CIDH espera que sus recomendaciones "sean debidamente cumplidas y el mecanismo sirva para dar seguimiento al progreso en la implementación de las mismas", dijo Cavallaro.
El Gobierno de Peña Nieto reconoció que "los preparativos administrativos correspondientes harán posible el inicio formal de las actividades del esquema de seguimiento" de la CIDH, que contempla reuniones con los familiares de los estudiantes que fueron víctimas de los ataques a balazos, secuestro y desaparición forzada a manos de agentes del Estado.
La masacre no ha sido esclarecida a más de dos años de perpetrada, y solo dos jóvenes desaparecidos han sido identificados en restos óseos calcinados, hallados en una bolsa rescatada de un río y analizados en un laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, Austria.
La visita de la CIDH fue acordada por el Estado, los familiares de los estudiantes y sus representantes en una resolución de seguimiento de las medidas cautelares del organismo continental, firmada en Washington el 29 de julio pasado.
Autoridades del Gobierno de México recibirán a la misión del organismo autónomo de la OEA que designó a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se marchó del país cuando el Gobierno se negó a extender su mandato, pero dejó un demoledor informe final en mayo pasado, en el cual concluyó que los testimonios de más de un centenar de policías funcionarios y presuntos sicarios fueron arrancados con torturas.
Además, reveló con un vídeo que el director en jefe de la federal Agencia de Investigación Criminal (AIC) de México, Tomás Zerón de Lucio, había realizado una diligencia ilegal con un detenido torturado, sin registro en el voluminoso expediente federal, al llevarlo en helicóptero al vecino Río San Juan, donde fueron localizados los restos óseos un día después, en una presunta manipulación de evidencias.
EL GIEI descartó además la principal conclusión de la llamada 'verdad histórica', que indica que los jóvenes fueron arrestados por policía de los pueblos de Iguala y Cocula y entregados a criminales de los denominados 'Guerreros Unidos' que los habrían asesinado y calcinado los restos en el basurero municipal a cielo abierto para después lanzar los restos al río, porque una pira de esa naturaleza es imposible.
Las autoridades mexicanas se comprometieron "con la búsqueda de la verdad en el presente caso, la atención a las víctimas, así como con la promoción y protección de los derechos humanos en México".
