Las pistas son, en primer lugar, los mapas aéreos obtenidos con nueva tecnologías de punta; en segundo lugar, las decenas de rastros de posibles fosas clandestinas; y tercero, el rastreo de los registros de teléfonos celulares, que se enlazaron durante los ataques de policías y narcotraficantes confabulados, por el llamado "Caminante", un personaje que aparentemente los coordinaba.
La cuarta línea de investigación, hacia arriba de la cadena de mando, con la indagación de agentes policiales federales y del Ejército que actuaron y reportaron durante las agresiones, según pruebas; y el rol recién descubierto este año de las autoridades y agentes policiales del municipio vecino de Huitzuco, que siguen libres y sin imputaciones, a pesar de que está probada su actuación en el caso, dijo el abogado Tapia.
La nueva tecnología fue adquirida con más de año y medio de retraso, y ha permitido los nuevos levantamientos topográficos aéreos sobre la región de tres municipios del sureño estado de Guerrero —Iguala, Cocula y Huitzuco—, detectando imperceptibles movimientos recientes de terreno con apariencia de fosas clandestinas.
Nuevos mapas de búsqueda
Esas acciones de búsqueda se realizarán "con la condición de una previa notificación oficial y coordinación con las familias de los desaparecidos y sus abogados", dijo el responsable humanitario.
Las nuevas indagaciones se alejan de los terrenos transitados alrededor del basurero del pueblo de Cocula, donde se concentró la llamada "verdad histórica" construida por el fiscal Jesús Murillo y el máximo jefe investigador federa Zerón de Lucio.
En aquella investigación —que ha llevado a la cárcel a casi 130 policías, funcionarios municipales y acusados de pertenecer al crimen organizado-, solo rescató tres bolsas con restos calcinados de 17 individuos en el vecino Río San Juan, que solo arrojaron una identificación plena de un desparecido –Alexander Mora Venancio– y un segundo joven con indicios parciales, en el laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, Austria.
En cuanto al uso de tecnología de rastreo de telefonía, a dos años de la tragedia no se han completado los peritajes a siete teléfonos rescatados de la escena del crimen, que estuvieron activos después del 26 y 27 de septiembre de 2014.
El cruce de las llamadas registradas en esos aparatos y otros de agentes policiales y supuestos elementos del crimen organizado es el descubrimiento del llamado "Caminante, un personaje que no ha sido identificado, pero que enlazó a varios teléfonos y podría haber coordinado los ataques en el lugar de los hechos", dijo el abogado.
Aún no se sabe dónde estuvieron los siete teléfonos, "pero sabemos que desde el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) "se estaba comunicando en los momentos críticos de la las agresiones con al menos seis personas, parecía ser el coordinador y el que daba instrucciones".
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 27 de septiembre de 2016
La policías de Cocula e Iguala parecían estarle reportando al personaje sobre el desplazamiento de los estudiantes.
Por su parte, la Comisión Nacional de DDHH (CNDH, ombdusman federal) identificó el papel de una patrulla de dos policías federales y un agente de inteligencia de las Fuerzas Armadas, quienes estuvieron en el momento de la agresión monitoreando y tomando fotos, pero no se conocen los reportes, ni su seguimiento, tampoco la desaparición de vídeos en cámaras de seguridad.
Tampoco se ha extendido la investigación a la pista de la CNDH que prueba que los estudiante fueron repartidos en dos grupos y que uno de los grupos fue llevado con rumbo a Huitzuco con el llamado "Patrón".
No se ha investigado, además, a la Policía del Estado de Guerrero, que recibió una inexplicable orden de acuartelarse.
"En la investigación ha habido falta de voluntad para explorar estas pistas y no se ha profundizado", lamentó el abogado.
Todo este rompecabezas incompleto debe investigarse con base en el acuerdo firmado en Washington entre el gobierno de México y la CIDH encabezada por el relator y dos expertos, con acceso pleno al expediente, para evitar la impunidad, que se ya configura como una amenaza a medida que pasa el tiempo, puntualizó Luis Tapia.