Acaso se borre así la perplejidad que suscita el pasivo rol presuntamente desempeñado por ese batallón la trágica noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 y que se resume en una pregunta crucial: ¿debió actuar el Ejército aquella noche en que nueve personas fueron asesinadas, unas 27 resultaron heridas con lesiones por armas de fuego y otras 43 se desvanecieron en la nada sin que hasta ahora se tenga certidumbre alguna sobre su destino?
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 27 сентября 2016 г.
La Constitución vulnerada
Los resultados han sido poco favorables. Y no solo por el saldo sangriento que dejó esa decisión en el sexenio calderonista —más de 121.000 muertes violentas relacionadas con el narcotráfico, según datos de la PGR—, sino también por la forma en que se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía. Lo sucedido el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, estado de México, cuando elementos del Ejército masacraron a unos 15 presuntos secuestradores que se encontraban desarmados y se habían rendido, es evidencia trágica de esa transgresión.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 4 мая 2016 г.
El Ejército: del orden público a la seguridad nacional
La presencia del Ejército para enfrentar al narcotráfico responde a una realidad insoslayable del México contemporáneo: el problema de las drogas dejó de ser un asunto de orden público para convertirse en uno de seguridad nacional. Me temo que a pesar de su alto rango, el general de División Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), no tiene muy clara la diferencia entre 'defensa nacional' y 'seguridad nacional'. Aunque ambas son prerrogativas del Ejército, la primera se enfoca más al enfrentamiento de una amenaza mientras que la segunda hace de la confianza y la tranquilidad ciudadanas su razón de ser. La defensa puede conducir a acciones bélicas para salvaguardar la independencia, soberanía e integridad del país; la seguridad busca preservar un régimen de vida donde imperen la justicia y el desarrollo social.
En la omisión del Ejército en Iguala reverbera el eco de su infausta participación en los acontecimientos de Tlatelolco en 1968 y en la guerra sucia de los años 70 cuando excedieron sus prerrogativas constitucionales. Se hizo evidente además la escasa preparación para tomar decisiones que impliquen salirse del encorsetado ideológico que los constriñe, ese que los lleva a dudar a la hora de decidir si apegarse a estrictas funciones de defensa nacional o asumir el rol de control interno ante la presencia de actores que ponen en solfa a las instituciones del Estado.
'Legítimo', se sabe, no es sinónimo estricto de 'legal' aunque sus definiciones los hermanen; lo contrario también vale como aserto. Con tal de no incurrir en una presunta ilegalidad —según el protocolo solo puede actuar a petición de la autoridad local—, el Ejército mexicano faltó en Iguala a su esencia más legítima en tiempos de paz: ayudar a preservar un régimen de vida donde imperen la justicia y el desarrollo social.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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