Así, por ejemplo, si se aprueba a tiempo y entra en vigor en 2017 el presupuesto que el Estado brasileño –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– tendrá ese año será el mismo de 2016 sumado a la variación de la inflación de 2016.
Los críticos lamentan que en la práctica esto suponga congelar los gastos sociales, pero con la actual redacción los gastos en sanidad y educación pasarán a verse afectados por la medida en 2018, cuando Temer ya no será presidente.
El Gobierno defiende que la medida ayudará a recuperar la confianza del mercado y a generar empleo, y permitirá que los gastos públicos se mantengan sin necesidad de subir los impuestos.
La propuesta también incluye congelar el valor del salario mínimo, que ahora está en 880 reales (275 dólares).
La medida solo afecta al Gobierno federal y no a los ejecutivos de los 27 estados brasileños; no obstante, la secretaria del Tesoro, Ana Paula Vescovi, indicó recientemente que el gobierno sacaría adelante una segunda PEC para frenar también esos gastos.
La medida fue duramente criticada por el Ministerio Público Federal, que el pasado viernes emitió un comunicado remarcando que la PEC 241 es inconstitucional porque al limitar el gasto del legislativo y el judicial hiere la separación de poderes.
Los partidos de la oposición ya han recurrido al Tribunal Supremo Federal, mientras en las redes sociales empiezan a surgir convocatorias de manifestaciones contra la ley antes de que se vote en un segundo turno, posiblemente el 24 de octubre.
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La ley del techo de gasto es la primera medida económica de Temer y podría ir seguida de la reforma laboral y de las pensiones, también en aras de la política de austeridad que quiere implementar su Gobierno.
