"La nueva investigación federal y los resultados tienen que ser respaldados por la procuradora (fiscal) para que lo señalado en términos de responsabilidad de los funcionarios se cumpla y también se realice la investigación penal", dijo a Sputnik Nóvosti el abogado de las víctimas Edgar Cortez, director del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IDHyD).
Pero horas después de la dimisión, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo designó al Consejo de Seguridad Nacional, una decisión considerada como una afrenta por el movimiento de derechos humanos y las familias de las víctimas.
Nuevas fosas clandestinas
A casi dos años de la tragedia, la nueva Fiscalía de México —tras la renuncia de Zerón, acusado de alterar la escena del crimen— reveló unos 40 nuevos sitios con posibles restos humanos, las llamadas fosas clandestinas, que abundan en México por la extensión del crimen organizado.
"Que el anuncio de los nuevos hallazgos de esta investigación sea casi simultáneo con la salida de Zerón para que el presidente le dé otro cargo, es la evidencia de que su cargo es político y no técnico pericial", dijo a esta agencia el defensor humanitario y exsacerdote jesuita Edgar Cortez.
Zerón de Lucio fue acusado por los expertos de la CIDH de haber "alterado la escena del crimen" donde supuestamente fueron asesinados e incinerados los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Aquel día, Zerón encontró la presunta pieza crucial del rompecabezas de la llamada 'verdad histórica oficial', cuando subió a un helicóptero federal a un imputado, que la madrugada de ese día había confesado bajo tortura su participación en el asesinato e incineración de decenas cuerpos en el basurero del pueblo de Cocula, en una pira que hasta la fecha no logra acuerdo entre los peritos en fuego.
La nueva investigación de la PGR vinculada con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) "sepulta la verdad histórica y obliga a desarrollar la investigación de las líneas en las que no se ha hecho casi nada", puntualiza Cortez.
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Las autoridades mexicanas "han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen", dijo el organismo internacional.
Afirmó que "la cínica respuesta del presidente mexicano lustra la insensata actitud que ha sostenido el Gobierno mexicano hacia los derechos humanos", puntualizó Guevara-Rosas.