"Cada uno de nosotros sólo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde"
— Sócrates
De estos desencuentros derivan las acusaciones en los medios en contra de Claudia Paz por su presunta vinculación con grupos radicales de Guatemala, y contra Ángela Buitrago, a quien se le imputó haber pasado información a grupos de la guerrilla colombiana para afectar al gobierno de ese país y de inventar pruebas como las que, al parecer, llevaron injustamente a prisión durante ocho años, por el delito de desaparición forzada, al coronel colombiano en retiro Luis Alfonso Plazas Vega. A ambas, por demás, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública las culpó de tener "una agenda ideológica y política proterrorista" que las ha llevado "a encubrir al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)". Por su parte, a Francisco Cox se le ha criticado por trabajar para el GIEI en México con un salario de 136.000 pesos mensuales, y parejamente prestar servicios a la fundación "Uganda Victims" con los viajes constantes a África que ello le demanda.
Al respecto, en conferencia de prensa el pasado 27 de abril, Tomás Zerón afirmó que su presencia en el río San Juan aquel 28 de octubre de 2014 fue legal y apegada a la Constitución, como lo prueba el video que registra sus movimientos ese día, y que la diferencia entre la fecha del hallazgo de las bolsas con restos óseos carbonizados (29 de octubre de 2014) y la datación que aparece en el registro fotográfico del hecho (28 de octubre de 2014) se debió a un error humano que, según él, se puede establecer por los infalsificables metadatos de la instantánea. Para el GIEI, según posicionamiento dado a conocer el 28 de abril, el video de la PGR carece de credibilidad pues fue editado, además de considerar que las acciones registradas en él no se debieron realizar por parte de la AIC: "la agencia debe estar fuera para asegurar la imparcialidad en la investigación", dijeron en voz de Carlos Beristain.
La verdad a media asta
Ambas entidades tienen su parte alícuota de responsabilidad en ello por no haber sabido llevar a buen puerto sus discrepancias y por haber prohijado además ese ‘sospechosismo' tan caro a los mexicanos en el que no son juicios los que se enarbolan, sino prejuicios los que se desbordan. Junto a la elusiva verdad son las otras víctimas de la noche triste de Iguala, aunque su sino no se compare con el de Blanca Montiel, la mujer alcanzada por balas sin nombre cuando viajaba en un taxi; o el de David José García Evangelista, el futbolista de 15 años que falleció cuando el autobús de su equipo, Los Avispones, fue acribillado a balazos, o el de Víctor Manuel Lugo Ortiz, el conductor con parejo destino de ese vehículo; tampoco se asemeja al de los tres normalistas asesinados en las calles de la ciudad ni al de los 43 desaparecidos cuya oscura suerte perturba hasta hoy a todo un país; menos aún al de esos familiares que claman día tras día por una justicia que no llega y que ven como el 'Caso Ayotzinapa' enfrenta a los garantes de la misma y está en vías de convertirse en un problema transexenal y en bandera electoral previa para más de un partido rumbo a las elecciones de 2018.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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