Rousseff comenzó su segundo mandato el 1 de enero de 2015, con un estancamiento de la economía y una investigación por corrupción, el llamado caso Lava Jato sobre masivos sobornos de la estatal petrolera Petrobras.
De Lava Jato a las pedaladas
En mayo del 2015, los primeros en presentar una solicitud oficial de censura en Brasilia fueron los integrantes del colectivo 'Marcha pela libertad' (Marcha por la Libertad, en español), propuesta a la que se plegó de inmediato el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
A pesar que la justicia corroboró que no había nexo entre Rousseff y el Lava Jato, la solicitud de impeachment continuó con las cuentas públicas que presentó a fin de su primer mandato.
La oposición acusó a la mandataria de haber maquillado los saldos de las cuentas públicas de su anterior mandato para encubrir el déficit fiscal, lo que se conoce como "pedaladas fiscales", para no verse perjudicada en la campaña electoral de 2014.
En julio de 2015, Rousseff entregó al Tribunal de Cuentas de la Unión un documento de 900 páginas que explicaba con detalle el porqué de las supuestas "pedaladas fiscales" realizadas por su Gobierno en 2014 para demostrar que no se incumplía la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Pero en octubre del 2015, el Tribunal consideró que existían graves irregularidades al acumular una deuda con la banca pública. Según el ente, el Banco de Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo y Económico y Social y la Caixa Federal afrontaron los programas sociales del Gobierno del PT.
Cunha y el impeachment
En diciembre de 2015, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, conocido opositor a Rousseff a pesar de pertenecer al aliado Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), favoreció la votación para comenzar el proceso de impeachment contra la presidenta.
Días después, el Gobierno solicitó al Tribunal Federal que rechazara el proceso alegando que la votación para la formación de la comisión parlamentaria había sido secreta y que la ofensiva de Cunha contra la presidenta evidenciaba una imparcialidad del legislador.
Sin embargo, la misma semana el juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF), Luiz Fachin, falló que el proceso de impeachment se producía dentro del marco legal contemplado por la Constitución Federal de 1988.
Entrada de Lula en el gobierno
El 2016 comenzó con la investigación de los parlamentarios, que corría con mayoría opositora a Rousseff.
La presidenta hizo cambios en su gabinete para lograr alianzas en el Congreso y eso incluyó la incorporación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) en el Ministerio de Casa Civil (Presidencia), pero no pudo asumir por estar en proceso de investigación judicial por el Lava Jato.
El 13 de abril se aprobó el informe de la Comisión Parlamentaria que investigó el caso con 38 legisladores a favor contra el voto negativo de 27, para que se inicie un proceso de censura contra la presidenta.
Como respuesta a la decisión de los legisladores, el abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, dijo a la prensa que el informe "demuestra que no hay una base legal y por ello el proceso de impeachment no debería ser llamado así sino golpe, el golpe de abril de 2016", mientras solicitaba un recurso de nulidad al TSF.
El 15 de abril, el TSF rechazó el recurso interpuesto por la Abogacía General de la Unión, representada por Cardozo.
Enemigos íntimos
Los principales impulsores del impeachment son los representantes del PMDB, Eduardo Cunha y el vicepresidente de Brasil, Michel Temer, quienes tomaron el protagonismo para pedir la separación del cargo a Rousseff.
Antes de la votación se filtró en la prensa un video en el que el vicepresidente practicaba para su acto de asunción, simulando la destitución de Rousseff.
La mandataria tomó eso como una provocación hecha con la voluntad de Temer y lo llamó "golpista", y agregó que eso demostraba "la arrogancia y desprecio que siente Temer por el pueblo brasileño".
Idas y venidas
El 17 de abril, en una maratónica y ajetreada sesión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad del proceso y lo tornó al Senado.
La votación se caracterizó por un intenso enfrentamiento verbal entre partidarios y opositores de la mandataria, y por el hecho de que los legisladores invocaron un sinnúmero de motivos para justificar su voto, pero pocos hicieron referencia concreta a las acusaciones contra Dilma.
El momento más polémico fue cuando el diputado Jair Bolsonaro, de Río de Janeiro, dedicó su sí al impeachment al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los torturadores de Rousseff cuando ella, exguerrillera, estuvo presa durante la última dictadura militar brasileña (1964-1985).
Tras la votación en Diputados, el Senado instaló una comisión para analizar el pedido de juicio político, y resolvió recomendar al pleno de la cámara admitir el proceso contra la mandataria.
De Cunha a Maranhao
El 25 de abril, el TSF decidió apartar a Cunha de la presidencia de Diputados por obstaculizar las investigaciones en su contra.
Quien le sucedió interinamente, Waldir Maranhao, tomó una sorpresiva medida esta semana: anuló la admisión del proceso de juicio político que había tramitado la cámara baja al Senado.
Sin embargo, en la misma jornada, Maranhao revocó su decisión y el proceso continuó su marcha hasta este miércoles, cuando se sabrá finalmente el destino de Rousseff.
