"El hecho de haberse cometido maniobras fiscales no significa que existan razones para una solicitud de impeachment", explicó Cunha durante una rueda de prensa en Brasilia en referencia a la sentencia del TCU y a la última petición de moción de censura presentada por el jurista y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), Hélio Bicudo, la cual incluyó las supuestas irregularidades contables señaladas por el organismo en 2015 y que, por tanto, podrían ser usadas para exigir la invalidación del actual mandato presidencial.
"Es necesario demostrar que hubo una actuación en la que la presidenta incumplió la ley", añadió el político del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) quien precisamente será el encargado de aceptar o rechazar los pedidos de impeachment como presidente de la cámara baja del Congreso Nacional y que pidió "cautela" a la hora de analizar los argumentos de Bicudo para "no sacar conclusiones precipitadas".
A pesar de los 11 pedidos de 'impeachment' recibidos por Cunha en el último mes, ninguno de ellos consiguió aportar las suficientes evidencias como para inculpar a la presidenta Dilma Rousseff de un delito contra la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), por lo que a pesar de la desaprobación de sus cuentas el pasado 7 de octubre por el TCU continúa siendo imposible responsabilizar a Rousseff de delito alguno enfriando cada día más la posibilidad de un proceso de moción de censura en el corto o medio plazo.
Cabe recordar que la sentencia del TCU responsabilizó al gobierno de Brasil de atrasar intencionalmente las aportaciones del Tesoro Nacional a los bancos públicos del país, Banco de Brasil y Caixa Económica Federal, para el pago de los gastos asociados a los programas sociales, lo cual evitó que los 40.000 millones de reales (10.197 millones de dólares) de déficit que arrastraba el gobierno en pleno año electoral quedasen fuera de los balances contables.
