El 5 de febrero del siguiente año, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, antes titular de la AFI, reveló que todo había sido una recreación a "petición de los medios", pues el operativo verdadero había tenido lugar el día anterior. Ésta y otras irregularidades que afectaron el principio jurídico del "debido proceso" llevaron a la liberación de Florence Cassez el 23 de enero de 2013, según amparo otorgado a la francesa por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 5 de junio de 2009, un incendio generado en una bodega contigua a la "Guardería ABC" de la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, provocó la muerte de 49 niños de entre cinco meses y cinco años de edad. La investigación posterior reveló que la guardería, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero concesionada a particulares para su atención, no cumplía con las mínimas normas de seguridad para operar (sobrecupo, falta de extintores, salidas de emergencia inutilizadas), y aun así fue subrogada. Los padres de los bebés fallecidos responsabilizaron del hecho a Juan Molinar Horcasitas, entonces director del IMSS. Un dictamen del año 2010, emitido por Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que "el sistema de subrogación de estancias infantiles del IMSS era un desastre".
Se sabe que errar es de humanos y rectificar un signo de sabiduría. A ello cabría añadir que renunciar cuando el error tiene un alto impacto social es, cuando menos, un proceder ético plausible, pero que al parecer les resulta impropio a la mayoría de los funcionarios y políticos mexicanos, tanto los electos mediante voto popular para desempeñar funciones legislativas como los designados para servir en puestos cuyos alcances afectan sensiblemente a la "polis". Vale precisar que si bien el artículo 36 de la Constitución mexicana establece que los cargos de elección popular son irrenunciables por provenir del mandato popular, existe la figura de la "licencia" para distanciarse del cargo si por ética así lo decidieran. Ello rara vez ocurre, y el ejemplo más fehaciente por estos días es el que ofrece el gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, a quien poco parece importarle la conmoción política y social que se vive en su estado donde se le acusa de corrupción y desfalco, además de ser Veracruz una entidad marcada por el estigma del asesinato de periodistas: "Ayer lo de La Parroquia —famoso café jarocho en el que fue abucheado-, hoy lo de la licencia —que le solicitan legisladores de oposición-, a ver mañana con qué nuevo invento salen", escribió en su cuenta de Twitter el 23 de febrero del corriente.
Ayer lo de la Parroquia, hoy lo de la licencia, a ver mañana con que nuevo invento salen. #tiemposelectorales
— Javier Duarte (@Javier_Duarte) 24 de febrero de 2016
Renunciar no es aceptar culpabilidad directa en el caso que provoca el cuestionamiento público; es asumir que en la cadena de mando donde el funcionario o político ocupa la jerarquía mayor hubo una fractura que por omisión o desconocimiento no fue subsanada. La falta acaso le sea ajena al cuestionado, la deuda por no detectarla es toda suya, deuda que podrá no ser juzgada por vía penal, pero sí por principios deontológicos que mueven a la renuncia. Como cualquier mortal, los políticos y funcionarios mexicanos no están exentos de esa falibilidad intrínseca a los seres humanos que reconoce un extendido aforismo, y ciertamente no debieran trabajar como si fueran zapadores —que sólo pueden equivocar una vez-, pero también es cierto que debieran obrar predispuestos por esa premisa.
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Una renuncia —y así deberían haberlo entendido en su momento García Luna, Marín Torres, Molinar Horcasitas, así debería entenderlo ahora Duarte de Ochoa- no sólo sería una salida ética para el involucrado en un problema que en ocasiones lo rebasa; una renuncia a tiempo protegería incluso al superior del renunciante —dígase el responsable de alguna dirección, secretaría, dependencia federal o a veces hasta el propio primer mandatario-, funcionarios todos que muchas veces le apuestan al sinsentido de mantener en su puesto a un subordinado sin brújula antes que despedirlo por su ineptitud, proceder apegado a la ilusoria impresión de unidad que dimana de ello, proceder que termina por sumar al error circunstancial del empleado el encubrimiento criminal del superior: lo primero puede alcanzar la exculpación, lo segundo sólo admite la inculpación.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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