Para el secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo, HRW hace una lectura equivocada del acuerdo que, “por su integralidad, cobija a todos los actores armados del conflicto en procura de brindar justicia y reparación para las víctimas”, sin distinción de que los perpetradores hubieran sido militares o insurgentes.
Sin embargo, “un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”, añade en referencia al acuerdo publicado el 15 de este mes.
Para Caycedo “HRW pretende señalar que el acuerdo de justicia transicional favorece a los guerrilleros y desprotege a las víctimas”, lo cual es “completamente equivocado y apartado de lo que la norma contempla”, pues todos los actores armados del conflicto tendrán que “sujetarse a lo que disponga este proceso”.
La organización con sede en Nueva York cuestiona que el régimen pactado asegure que “en ningún caso” las penas para quienes hayan cometido crímenes graves incluirán “cárcel o prisión” ni “medidas de aseguramiento equivalentes”.
Según la interpretación de HRW, si un guerrillero es condenado por el tribunal de paz –especialmente instituido para entender en los crímenes del conflicto armado— a trabajar pavimentando una calle o construyendo un puente, su sanción puede estar supeditada al tiempo que demore dicho proyecto restaurativo, lo cual no es “un castigo genuino”.
El politólogo Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, observó que mientras HRW sostiene que el acuerdo entraña impunidad total, en realidad se trata de un régimen de penas reducidas.
Y estas “constituyen una menor impunidad que el escenario sin acuerdo”, indicó Restrepo a Sputnik Nóvosti, pues “supone penas de prisión para los responsables de crímenes de guerra, tanto del lado del Estado como de la insurgencia”.
En cambio, el profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, encuentra este extremo bastante improbable.
“Se ha tomado a la CPI como 'el coco' (fantasma) con el cual se pretende asustar a la sociedad ante hechos de gran trascendencia, como lo ha sido el avance del Gobierno y de las FARC en un acuerdo de justicia transicional con el que varios actores no están de acuerdo”, dijo Vargas a esta agencia.
Pero la CPI también “se enmarca en un realismo de lo que es la sociedad colombiana y de lo que ésta requiere para terminar el conflicto armado de más de medio siglo”, observó.
Dicho tribunal estará conformado por dos salas, una de sentencia (a la que llegarán los procesos en los que los involucrados acepten responsabilidad por los hechos) y otra de juzgamiento (a la que corresponderán los casos en los que los sospechosos no se acepten cargos y se haga necesaria una comprobación).
El acuerdo plantea un modelo de justicia restaurativa, que permitirá imponer sanciones restrictivas de la libertad, que no implican cárcel, lo que quiere decir que víctima y victimario podrán acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, como trabajo en obras sociales y de construcción.
El acuerdo sí protege a los excombatientes de eventuales extradiciones, siempre que entreguen toda la información que posean para asegurar la verdad de los crímenes de la guerra.
El acuerdo comprende a todos los actores del conflicto, no solo a los miembros de las FARC, sino a los soldados y policías y a los sectores sociales, políticos y económicos relacionados con el conflicto.
El Gobierno y las FARC esperan firmar un tratado final de paz el 23 de marzo de 2016.