"No es razonable traer más familias sirias hasta que se adapten las que ya están", dijo el prosecretario de la Presidencia de Uruguay, Juan Andrés Roballo a El Observador.
En la evaluación que hacen desde el Gobierno "este proceso todavía no se completó", dijeron fuentes oficiales al diario El País.
El gabinete de Vázquez tuvo que enfrentarse una manifestación por parte de las cinco familias donde acamparon enfrente al edificio de la Presidencia en reclamo de mejores condiciones de vida.
Sin embargo, los primeros días de octubre, el jefe de una de las familias sirias agredió a funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y del Gobierno uruguayo.
Roballo aseguró que la decisión de postergar el programa no apunta al abandono, "las circunstancias condicionan los plazos", publica El Observador.
El Ejecutivo brinda apoyo económico que depende de la cantidad de integrantes y alterna entre 35.000 pesos (1.200 dólares aproximados) y 70.000 pesos (2.400 dólares) a los más numerosos, según estudios realizados por la Facultad de Economía de la Universidad de la República del Uruguay.