El asalto al Palacio por el Ejército culminó con la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema, cerca de cien víctimas entre funcionarios, empleados, militares y guerrilleros y la desaparición de once personas, siete de las cuales siguen sin ser identificadas, pero treinta años después, solo hay dos condenados por estos hechos.
“La toma del Palacio todavía tiene un gran impacto, por las consecuencias que tuvo para la población, la falta de investigación y de castigo para los responsables. Esta es una asignatura pendiente para el pueblo colombiano. Es necesario investigar, el Estado tiene que reparar a las víctimas, porque no fue un observador sino un protagonista”, señaló el Nobel de la Paz.
Tema: Proceso de paz en Colombia
También está el problema de los pueblos indígenas como los del departamento del Cauca, donde les quitan los territorios para entregarlos a las empresas y hay una fuerte resistencia, agrega Pérez Esquivel. “Los pueblos tienen que tener memoria y pensar qué pasó en el Palacio de Justicia, pero hay que ver lo que está pasando hasta el día de hoy”, concluye.
Por suerte, y por la capacidad que han tenido las fuerzas democráticas de América Latina, esos procesos han ido cambiando radicalmente y lo único que queda (de violencia en el continente) es Colombia”.
El abogado socialista uruguayo José Díaz, presidente de la Fundación Vivián Trías y ex ministro del Interior del gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), era en ese momento diputado y recuerda el hecho con precisión. En Uruguay hacía poco había terminado la dictadura militar y habían sido liberados los prisioneros politicos mantenidos durante trece años en las cárceles. “A mí me tocó muy de cerca por ser abogado, y por haber sido funcionario del poder judicial, por lo que tengo un gran apego por ese poder de Estado. Lo ocurrido en Colombia con ese brutal acto nos llenó de angustia, con esa brutal represión, no entendíamos por qué ocurrían esas cosas en un país hermano, que se ha convertido en el país de mayor violencia de América del Sur. El afán es que esto no vuelva a suceder, que no haya más dictaduras, no más violencia, no más genocidio. Lamentablemente, todavía estamos viviendo actos de barbarie”.
En noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado colombiano era responsable por los desaparecidos del Palacio de Justicia y por las torturas que sufrieron varias personas. Con base en esa sentencia, la Fiscalía abrió un proceso a 14 militares en retiro, entre ellos cuatro generales, pero treinta años después, la justicia sigue sin llegar, para uno de los casos más aberrantes de la historia reciente continental.