Parecía imposible. El Gobierno de Bogotá y la guerrilla más antigua de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC), han pactado el quinto punto de un complejo acuerdo de paz destinado a poner punto final a un sangriento conflicto armado que se ha prolongado medio siglo y ha dejado 300.000 muertos. Pero el pacto plantea una serie de interrogantes, algunas de ellas sin solución aún. Como dice el refrán, el diablo está en los detalles.
El trato fue anunciado con entusiasmo el pasado 23 de septiembre en La Habana, donde se desarrollan las herméticas negociaciones. Allí estaban el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, en presencia del dirigente cubano, Raúl Castro. Todos de blanco. Guayaberas y camisas impolutas. Raúl, el más satisfecho, en el centro, repitiendo la puesta en escena de los Acuerdos de Camp David de 1978 que fraguó la paz entre Egipto e Israel.
Esta Jurisdicción Especial para la Paz será competente para enjuiciar y sentenciar a todos los actores implicados "de manera directa o indirecta", es decir, guerrilleros en activo o desmovilizados, militares, paramilitares, policías y civiles.
Se plantearán tres tipos de penas, dependiendo del grado de colaboración: aquellas aplicables a quienes reconozcan su responsabilidad de forma temprana, aquellas aplicables a quienes lo hagan "de forma tardía" y aquellas aplicables a quienes se nieguen a hacerlo. Surge una primera duda: ¿qué se entiende por confesar "de forma tardía"'? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? El tiempo no es una cuestión nada baladí pues la diferencia entre responsabilizarse a tiempo o no agravará muchísimo la sentencia. El comunicado no desvela esta incógnita.
Si el acusado llega tarde a la hora de confesar se enfrentará a una pena de cárcel que oscilará entre los cinco y los ocho años. Si no admite su culpa y es hallado culpable por el tribunal, será condenado a un máximo de 20 años de prisión.
¿Y ahora qué? Todavía restan por cerrar dos puntos esenciales de la agenda, el tercero que habla del "fin del conflicto", y el sexto que se ocupa de la "implementación, verificación y refrendación" del acuerdo. En estos tres años de negociaciones se ha avanzado en los otros cuatro: "la política de desarrollo agrario integral", es decir, la reforma agraria; "la participación política" de los guerrilleros, es decir, su facultad para ser elegidos en elecciones; "la solución al problema de las drogas ilícitas", eufemismo de tráfico de estupefacientes; y el más reciente que se ocupa de las "víctimas".
También se vislumbran otros obstáculos. El Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de reforma constitucional que daría al presidente Juan Manuel Santos facultades extraordinarias durante un periodo máximo de 180 días para redactar las leyes y los cambios legales necesarios tras la firma del acuerdo de paz. Falta incluso por definir el mecanismo —¿será un referéndum?— que se utilizará para que los colombianos digan sí o no a lo suscrito y los instrumentos jurídicos que permita ponerlo en práctica. Santos se enfrenta a quienes no quieren negociar con los guerrilleros, una oposición que tiene a su máximo exponente en el expresidente Álvaro Uribe, partidario de la mano dura y la solución militar.
Los dos bandos tienen seis meses de plazo. El acuerdo final debe quedar sellado no más tarde del 23 de marzo de 2016 ¿Por qué? Porque el ambiente negociador no se debe enfriar. El camino restante va a ser duro y angosto, pero merece la pena andarlo. Raúl Castro dio en la diana: "La paz en Colombia no sólo es posible, es indispensable. Aún quedan dificultades enormes de superar. Tenemos la certeza de que serán vencidas".
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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