"Estos abusos (de desplazamiento forzado) y violaciones de derechos humanos han estado dirigidos sobre todo contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas", señala la organización.
La ONG señala que "el acceso a tierras ricas en recursos (especialmente para minería) y el uso de esas tierras es una de las cuestiones más cruciales en las negociaciones de paz" que actualmente desarrolla el Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Sobre la violencia derivada del apoderamiento ilegal de tales territorios, el informe de AI destaca que varias de las personas que debieron abandonar sus parcelas lo hicieron "después de años de amenazas y homicidios".
El reporte denuncia que las propias autoridades colombianas practicaron una "política deliberada para expulsar a la población de las zonas ricas en recursos naturales".
Los datos precisados en el informe, de 16 folios y que ya se encuentra disponible en la página web de AI, dan cuenta de que en el país hay 1,4 millones de indígenas, de los cuales más del 70 por ciento viven en zonas rurales, al tiempo que entre cuatro y diez millones de habitantes son afrodescendientes.