La política de 'la mano dura' y la militarización en Ecuador "no están funcionando", advierte experto
03:24 GMT, 21 de marzo 2026
Samantha Arias
Desde Ecuador
En el marco de una crisis de violencia que parece no tener precedentes, el Gobierno de Daniel Noboa ha intensificado una estrategia de seguridad basada en el control territorial y la apertura a la cooperación internacional.
Lea en SputnikSin embargo, mientras el despliegue de toques de queda y la llegada del FBI se presentan como posibles soluciones, expertos en defensa y seguridad advierten sobre la falta de un plan integral que trascienda la "mano dura". En un ecosistema criminal transnacional,
Ecuador se
debate entre la eficacia operativa y la necesidad de una reforma estructural que incluya a sus vecinos regionales.
Desde principios de 2024,
la nación latinoamericana ha vivido bajo una sucesión de estados de excepción destinados a frenar la expansión de los grupos de delincuencia organizada (GDO). La estrategia gubernamental ha pivotado sobre dos ejes: la militarización de las provincias más conflictivas y una alineación geopolítica estrecha con los Estados Unidos. No obstante, al analizar los resultados tras meses de implementación, surge la
interrogante de si estas medidas están logrando debilitar las estructuras criminales o si solo desplazan la violencia hacia nuevos territorios.
¿Estrategia de control o falta de creatividad?
El toque de queda se ha convertido en la herramienta predilecta del Ejecutivo para restringir la movilidad en provincias críticas. Actualmente, la medida rige en cuatro provincias del país con un horario de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana. Para Leonardo Jaramillo, internacionalista y analista en seguridad nacional, el impacto inmediato es logístico.
"Fuera de estos horarios, ninguna actividad económica, logística o de cualquier naturaleza es posible. Se busca que haya una reducción de la circulación para facilitar el control policial o militar", explica el analista a Sputnik.
Para Jaramillo, lo que se busca es que haya una reducción de la circulación, que sea más fácil control policial o militar en el caso de estas provincias, en ese sentido, es una actividad relativamente nueva.
Por su parte, Jean Paul Pinto, experto en prospectiva y seguridad, es más crítico con la repetición de esta fórmula, que ya se
aplicaba en la Administración anterior.
"Esta medida no es nueva, la venimos implementando desde el Gobierno de Guillermo Lasso, estamos repitiendo la fórmula. La estadística nos dice que durante los momentos en los cuales hemos implementado toques de queda, las muertes violentas no han disminuido. No tiene sentido hacer lo mismo y esperar resultados diferentes", afirma Pinto en diálogo con Sputnik.
Los expertos coinciden en que la efectividad de estas restricciones es limitada frente a delitos que no dependen de la nocturnidad. Jaramillo advierte que ocurre un "efecto desplazamiento" y que actividades como la extorsión también se realizan a plena luz del día, cuando los negocios están abiertos.
Además, Pinto señala un error táctico en la comunicación oficial, debido a que el toque de queda fue informado con 15 días de anticipación. "Si yo soy jefe de una banda criminal, lo que hago es cambiar mis rutas, mis horarios y lugares", cuestiona.
A esto se suma el impacto
económico en las ciudades costeras, donde la vida nocturna es el motor productivo,
generando pérdidas significativas sin que la tasa de homicidios —la más alta de la región—
ceda de forma proporcional.
Investigación frente a militarización
Uno de los movimientos estratégicos en la gestión de Noboa ha sido la formalización de la cooperación con el FBI de Estados Unidos (Oficina Federal de Investigación).
Ecuador y Estados Unidos firmaron el 11 de marzo de 2026 un memorando de entendimiento para
establecer la primera oficina permanente de la agencia en Quito.
A diferencia de la presencia de tropas, este tipo de asistencia técnica es vista con mejores ojos por los analistas, siempre que se mantenga en el ámbito de la inteligencia. Ambos expertos coinciden en que el valor del FBI reside en el fortalecimiento de las capacidades investigativas de la Policía Nacional.
Jaramillo destaca que el FBI, al cooperar con México y Colombia, puede brindar al
Ecuador más acceso para cooperar con otros países con los que estamos vinculados a través de los grupos de delincuencia organizada.
Pinto, por su parte, califica de positivo este acuerdo pero subraya la importancia de delimitar las funciones de este organismo para evitar injerencias políticas:
"Ese tipo de cooperación es la que nos interesa, no las tropas en tierra. Yo esperaría que el FBI se maneje de forma muy técnica y no responda a presiones o directrices del gobierno. Esperemos que investigue diferentes casos, que puedan ser casos de corrupción de otras personas o también dentro del gobierno", puntualiza Pinto.
El riesgo, según el académico, es que el gobierno intente dirigir las investigaciones hacia sus intereses particulares, perdiendo la oportunidad de crear una Policía de Investigaciones (PDI) técnica y civil como la que posee Chile.
El vacío regional
A pesar del acercamiento con Washington, los analistas señalan una debilidad crítica: la relación con los vecinos inmediatos. Jaramillo advierte que la preferencia por el gobierno estadounidense ha generado fricciones con Colombia, país con el que
Ecuador mantiene problemas comerciales y, recientemente, tensiones de otro carácter.
"Ecuador definitivamente tiene que trabajar de forma cercana con los Gobiernos de Colombia y Perú, y no podemos confiar solamente en la cooperación estadounidense. Tenemos un trabajo bastante importante que hacer en términos de relacionamiento internacional con México, con el cual ahorita no tenemos relaciones diplomáticas por el asalto a la embajada [mexicana]", explica Jaramillo.
Pinto coincide en que la seguridad debe estar por encima de las ideologías, citando el caso de México. "Claudia Sheinbaum ha prohibido la presencia de tropas americanas, pero está colaborando con la inteligencia norteamericana. Debemos dejar atrás las ideologías en temas de amenazas transnacionales", compara el experto.
Para ambos expertos, la cooperación en tecnología, transferencia de información y entrenamiento es bienvenida, siempre que no afecte la soberanía ni implique la instalación de
bases militares extranjeras.
Hacia una mirada multidimensional
Al evaluar el éxito de las medidas, Jaramillo sugiere mirar indicadores más allá de las capturas masivas. Explica que la interdicción de drogas en Ecuador es apenas del 25%.
"Por cada tonelada que es incautada, tres ya salieron. Si empiezan a haber menos capturas a pesar de que se mantiene el trabajo policial, significa que hay menos droga circulando", apuntó.
Sin embargo, Pinto señala que la
ciudadanía no siente una mejora real y critica la ausencia de un Plan Nacional de Seguridad Integral que
el Ministerio de Defensa debería haber presentado hace dos años.
"Hasta que no entendamos que nuestras políticas deben ser integrales, esta mirada multidimensional de la seguridad, las cosas no van a mejorar. Nos damos cuenta de que la mano dura, la militarización, no están funcionando", sentencia Pinto.
Jaramillo añade un componente económico vital: el crecimiento del crimen organizado ha coincidido con una fuerte contracción económica. Es importante contar con más fuentes de empleo que permitan emplear a más personas, específicamente jóvenes, porque estas son las personas que tienden a terminar uniéndose a grupos de delincuencia organizada.
Si bien la cooperación con los operativos militares y los nuevos acuerdos internacionales han permitido capturas puntuales de cabecillas, la ausencia de un plan de desarrollo social integral y una diplomacia regional sólida limitan el alcance de estas medidas.
La seguridad de 2026 no se ganará solo con toques de queda nocturnos, sino con una
estrategia integral que combine la inteligencia técnica internacional con la recuperación del tejido social y la cooperación efectiva con países vecinos.
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