Noboa "busca limitar capacidad de gobiernos autónomos descentralizados" y lo demuestra en Quito, dice un experto
Noboa "busca limitar capacidad de gobiernos autónomos descentralizados" y lo demuestra en Quito, dice un experto
Sputnik Mundo
La relación entre el Gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa y el municipio de Quito ha pasado de una tensa cordialidad a un divorcio... 24.02.2026, Sputnik Mundo
Lo que inició como una serie de fricciones por medidas económicas se ha transformado en un choque institucional, esto tras la aprobación de la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que obliga a destinar el 70% del presupuesto a obra pública.De la promesa a la fricciónLa Plaza de la Independencia, que separa físicamente el Palacio de Carondelet de la Alcaldía de Quito, nunca pareció tan ancha. En los últimos meses, el diálogo entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde Pabel Muñoz se ha visto erosionado por promesas pendientes.Durante las fiestas de Quito en 2024, el Ejecutivo se comprometió públicamente a respaldar la extensión del metro de la localidad, la obra de movilidad más importante del país sudamericano. Sin embargo, la realidad administrativa tomó un rumbo distinto.Para Emilio Uzcátegui, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, esta situación marca el inicio de un distanciamiento que ha afectado la percepción ciudadana sobre el Gobierno Central."A pesar de que siempre hubo esa predisposición por parte del municipio de trabajar con el Gobierno central, comenzaron a existir ciertas fricciones, sobre todo a raíz de algunas medidas impopulares que tomó el presidente Noboa, que le hicieron perder mucho apoyo en la ciudad de Quito", señala en una entrevista para Sputnik."Por otro lado, hubo un compromiso del presidente Noboa hace dos años de financiar la extensión del metro de Quito, una cuestión que hizo justo en la sesión oficial de las fiestas de la ciudad", ahonda.El concejal comenta que la falta de respuestas formales obligó al municipio a buscar alternativas independientes."Después de esto, el municipio comenzó a hacer insistencias para sentar esa promesa en documentos y, en fin, situación que no fue bien respondida por la Presidencia de la República, quienes simplemente se desentendieron del tema, al punto en que el municipio de Quito, vía financiamiento internacional, ya está realizando los estudios para la extensión del metro de Quito, sin ningún tipo de apoyo de la Presidencia", asevera.¿Eficiencia o control político?El epicentro de la disputa actual es la reciente ley aprobada, que exige a los municipios y prefecturas reestructurar sus presupuestos. La normativa establece que el 70% de los ingresos de los GAD debe invertirse estrictamente en obra pública, limitando el gasto corriente. El discurso oficial apunta a reducir la burocracia, la interpretación desde los gobiernos locales sugiere una intención de debilitar a figuras políticas opositoras.Mientras el Ejecutivo defiende la decisión como una herramienta de eficiencia, para Uzcátegui, esta medida no es técnica, sino una estrategia para fortalecer la imagen presidencial frente a liderazgos locales que han ganado terreno en la opinión pública, como el de Pabel Muñoz en Quito y Aquiles Álvarez en Guayaquil.La reducción presupuestariaLa aplicación de esta ley en una ciudad con la complejidad administrativa de Quito plantea un dilema sobre la continuidad de servicios que, según el funcionario, no entran en la categoría de "obra pública", pero que son vitales para el tejido social. La educación municipal y los sistemas de protección son los sectores más vulnerables ante este cambio de reglas.Además, la Unión Nacional de Educadores (UNE), junto con otros seis gremios sindicales del Frente Unitario de Trabajadores, abrieron la posibilidad de una movilización para el 13 de marzo en Quito y anunciaron una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma.Termómetro de apoyoHistóricamente, Quito ha sido el termómetro que define la estabilidad de los gobiernos en Ecuador. En las elecciones que llevaron a Daniel Noboa a Carondelet, la capital fue determinante para inclinar la balanza a su favor. En febrero del 2025, en la primera vuelta electoral, el político obtuvo el triunfo en la capital, con un 49,99% de los votos. No obstante, el actual escenario de confrontación institucional ha generado un efecto bumerán en el apoyo local a la Presidencia."La ciudad de Quito no solo es la capital, sino que también en las elecciones fue la [localidad] que le dio la victoria al presidente Daniel Noboa. Lo que vemos ahora es que este ataque sistemático, ha tenido como repercusión un descenso tremendo en su nivel de popularidad en [la zona]", concluye Uzcátegui.Contexto y debate nacionalEl Gobierno acumuló un alto nivel de pagos pendientes, reflejo de una caja fiscal limitada y de compromisos que no logran cubrirse a tiempo. Según los reportes de ejecución presupuestaria emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el primer semestre de 2025, los atrasos acumulados en el Presupuesto General del Estado (PGE) rondaron los 1.550 millones de dólares, afectando a los GAD, incluyendo prefecturas y municipios con deudas por transferencias de capital.Por otro lado, los defensores de la nueva ley argumentan que muchos municipios pequeños destinan más del 60% de sus recursos a salarios, dejando apenas un margen mínimo para servicios básicos como agua potable y alcantarillado. El Gobierno defiende que la reforma es una medida para ordenar las finanzas públicas y garantizar sostenibilidad.El caso de Quito es excepcional debido a su robusto sistema de servicios sociales, que por décadas ha funcionado bajo un modelo que integra lo administrativo con lo social. La imposición de un porcentaje fijo de inversión en obra pública ignora, según el experto, que en una capital moderna el "bienestar" no solo se construye con hormigón y cemento, sino con educación y seguridad social.El desenlace de esta tensión marcará el pulso de la política ecuatoriana en los meses venideros. Mientras Carondelet busca centralizar la narrativa de eficiencia, desde Quito se preparan defensas legales, posibles movilizaciones y políticas para reorganizar su gestión ante la tensión entre el Gobierno nacional y la capital.
La relación entre el Gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa y el municipio de Quito ha pasado de una tensa cordialidad a un divorcio simbólico.
Lo que inició como una serie de fricciones por medidas económicas se ha transformado en un choque institucional, esto tras la aprobación de la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que obliga a destinar el 70% del presupuesto a obra pública.
🇪🇨 Noboa "busca limitar la capacidad de los gobiernos autónomos descentralizados", afirma un experto
🤝 La relación entre el municipio de Quito y el Gobierno ecuatoriano atraviesa por diversas tensiones, dice en entrevista con Sputnik el concejal del Distrito Metropolitano de la… pic.twitter.com/hSzc1Tnvdq
La Plaza de la Independencia, que separa físicamente el Palacio de Carondelet de la Alcaldía de Quito, nunca pareció tan ancha. En los últimos meses, el diálogo entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde Pabel Muñoz se ha visto erosionado por promesas pendientes.
Durante las fiestas de Quito en 2024, el Ejecutivo se comprometió públicamente a respaldar la extensión del metro de la localidad, la obra de movilidad más importante del país sudamericano. Sin embargo, la realidad administrativa tomó un rumbo distinto.
Para Emilio Uzcátegui, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, esta situación marca el inicio de un distanciamiento que ha afectado la percepción ciudadana sobre el Gobierno Central.
"A pesar de que siempre hubo esa predisposición por parte del municipio de trabajar con el Gobierno central, comenzaron a existir ciertas fricciones, sobre todo a raíz de algunas medidas impopulares que tomó el presidente Noboa, que le hicieron perder mucho apoyo en la ciudad de Quito", señala en una entrevista para Sputnik.
"Por otro lado, hubo un compromiso del presidente Noboa hace dos años de financiar la extensión del metro de Quito, una cuestión que hizo justo en la sesión oficial de las fiestas de la ciudad", ahonda.
El concejal comenta que la falta de respuestas formales obligó al municipio a buscar alternativas independientes.
"Después de esto, el municipio comenzó a hacer insistencias para sentar esa promesa en documentos y, en fin, situación que no fue bien respondida por la Presidencia de la República, quienes simplemente se desentendieron del tema, al punto en que el municipio de Quito, vía financiamiento internacional, ya está realizando los estudios para la extensión del metro de Quito, sin ningún tipo de apoyo de la Presidencia", asevera.
¿Eficiencia o control político?
El epicentro de la disputa actual es la reciente ley aprobada, que exige a los municipios y prefecturas reestructurar sus presupuestos.
La normativa establece que el 70% de los ingresos de los GAD debe invertirse estrictamente en obra pública, limitando el gasto corriente. El discurso oficial apunta a reducir la burocracia, la interpretación desde los gobiernos locales sugiere una intención de debilitar a figuras políticas opositoras.
Mientras el Ejecutivo defiende la decisión como una herramienta de eficiencia, para Uzcátegui, esta medida no es técnica, sino una estrategia para fortalecer la imagen presidencial frente a liderazgos locales que han ganado terreno en la opinión pública, como el de Pabel Muñoz en Quito y Aquiles Álvarez en Guayaquil.
"Lo que busca es limitar la capacidad de los gobiernos autónomos descentralizados en favor de que políticamente el presidente Noboa se vea más fuerte. Estamos a un año de las seccionales. El Gobierno nacional y su movimiento han perdido respaldo por sus propias gestiones, mientras los principales opositores políticos han sido las figuras que han resaltado más en términos de gestión", comenta el concejal.
La aplicación de esta ley en una ciudad con la complejidad administrativa de Quito plantea un dilema sobre la continuidad de servicios que, según el funcionario, no entran en la categoría de "obra pública", pero que son vitales para el tejido social.
La educación municipal y los sistemas de protección son los sectores más vulnerables ante este cambio de reglas.
"Para el municipio de Quito, la aplicación de la ley significaría el despido de 3.000 profesores que atienden a 27.000 estudiantes; significaría el desmantelamiento de todo el sistema de casas de acogida para víctimas de violencia y habitantes de calle. Representaría el [fin] de los comedores y de las ollas comunitarias que ha puesto el municipio de Quito en muchos sectores de la ciudad, [así como] de todo el sistema de desarrollo infantil", alerta el funcionario.
Además, la Unión Nacional de Educadores (UNE), junto con otros seis gremios sindicales del Frente Unitario de Trabajadores, abrieron la posibilidad de una movilización para el 13 de marzo en Quito y anunciaron una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma.
Históricamente, Quito ha sido el termómetro que define la estabilidad de los gobiernos en Ecuador.
En las elecciones que llevaron a Daniel Noboa a Carondelet, la capital fue determinante para inclinar la balanza a su favor. En febrero del 2025, en la primera vuelta electoral, el político obtuvo el triunfo en la capital, con un 49,99% de los votos. No obstante, el actual escenario de confrontación institucional ha generado un efecto bumerán en el apoyo local a la Presidencia.
"La ciudad de Quito no solo es la capital, sino que también en las elecciones fue la [localidad] que le dio la victoria al presidente Daniel Noboa. Lo que vemos ahora es que este ataque sistemático, ha tenido como repercusión un descenso tremendo en su nivel de popularidad en [la zona]", concluye Uzcátegui.
Un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), realizado en octubre de 2025 en Quito y Guayaquil, revela que el 65% de los ciudadanos tiene una percepción negativa sobre la situación del país y también muestra que la confianza en el Gobierno cayó a 39%. El presidente Daniel Noboa tiene una calificación de 54% en Guayaquil, pero su respaldo cae a 38% en Quito.
El Gobierno acumuló un alto nivel de pagos pendientes, reflejo de una caja fiscal limitada y de compromisos que no logran cubrirse a tiempo.
Según los reportes de ejecución presupuestaria emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el primer semestre de 2025, los atrasos acumulados en el Presupuesto General del Estado (PGE) rondaron los 1.550 millones de dólares, afectando a los GAD, incluyendo prefecturas y municipios con deudas por transferencias de capital.
Por otro lado, los defensores de la nueva ley argumentan que muchos municipios pequeños destinan más del 60% de sus recursos a salarios, dejando apenas un margen mínimo para servicios básicos como agua potable y alcantarillado. El Gobierno defiende que la reforma es una medida para ordenar las finanzas públicas y garantizar sostenibilidad.
El caso de Quito es excepcional debido a su robusto sistema de servicios sociales, que por décadas ha funcionado bajo un modelo que integra lo administrativo con lo social. La imposición de un porcentaje fijo de inversión en obra pública ignora, según el experto, que en una capital moderna el "bienestar" no solo se construye con hormigón y cemento, sino con educación y seguridad social.
El desenlace de esta tensión marcará el pulso de la política ecuatoriana en los meses venideros. Mientras Carondelet busca centralizar la narrativa de eficiencia, desde Quito se preparan defensas legales, posibles movilizaciones y políticas para reorganizar su gestión ante la tensión entre el Gobierno nacional y la capital.
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