Durante su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái el 3 de febrero, Pedro Sánchez anunció la próxima aprobación de un paquete de medidas legislativas para vigilar que la actividad de las grandes plataformas digitales no suponga un menoscabo de los derechos de los usuarios ni de la seguridad del entorno digital en España. Se trata de cinco medidas:
Consagrar por ley la responsabilidad penal de los directivos de aquellas compañías tecnológicas que permitan la difusión de contenidos ilegales o que inciten al odio.
Se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la difusión de contenidos ilegales.
Se implementará una Huella de Odio y Polarización, para rastrear los casos en que las plataformas puedan alimentar y amplificar los discursos de odio.
Se prohibirá a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales y se requerirá a las plataformas la implantación de sistemas de verificación de identidad.
La Fiscalía y el Gobierno trabajarán juntos para investigar y perseguir las infracciones cometidas por las plataformas tecnológicas.
"Se acabó fingir que la tecnología es neutral", dijo Sánchez, que denunció la exposición de los jóvenes a un "espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia (...) Los protegeremos del salvaje Oeste digital".
Sánchez también anunció la adhesión de España a la Coalición de los Dispuestos Digitales, en aras de actuar de manera coordinada con otros países europeos. Francia y Australia ya prohibieron el acceso de los menores a las redes sociales. El 2 de febrero, el Parlamento portugués también tramitó un proyecto de ley a tal efecto.
El anuncio de las medidas sucede en un contexto donde, bajo la Ley de Servicios Digitales, la UE ya está investigando a la red X y su instrumento de inteligencia artificial, Grok, por la creación de imágenes pornográficas no consentidas. Y también coincide con el registro a cargo de agentes de la Fiscalía de París de la sede en Francia de esta red social, con motivo de una investigación por presunta manipulación del algoritmo y la difusión de "deepfakes de carácter sexual".
Reacción de la oposición y de Musk
La prohibición a los menores de 16 años de acceder a redes sociales se estipulará a través de una enmienda a un proyecto de ley en fase de tramitación en el Parlamento español: el de protección de menores en entornos digitales.
El opositor Partido Popular (PP) afeó a Sánchez al expresar que el Gobierno endurece el texto con las enmiendas presentadas por este partido. "Por lo menos, que reconozcan que el copyright del anuncio de hoy de Sánchez pertenece al PP", escribió en X su diputada Cuca Gamarra.
Pero la reacción más airada corresponde al dueño de X, Elon Musk. En un mensaje que da cuenta de las medidas anunciadas por Sánchez, Musk le califica de "tirano" y "traidor al pueblo español". Y en otro, de "auténtico fascista totalitario". No es la primera vez que Musk arremete contra el presidente español. Ya denostó su medida de regularización masiva de inmigrantes, que Sánchez replicó directamente en X, aludiendo a los proyectos espaciales del magnate: "Marte puede esperar, la humanidad no".
Una empresa nada fácil
Múltiples preguntas surgen por el destino final de las medidas anunciadas. De entrada, ¿es posible implantar un sistema de verificación efectivo y que las identidades no puedan suplantarse?
"Si haces un filtro mediante fotos o videos, puedes generarlos de gente de la edad que quieras. Y si es por DNI, se lo podrías pedir a tu hermano mayor o poner el de tu padre", explica a Sputnik M. Mínguez, nombre ficticio de un ingeniero de desarrollo de apps e innovación digital en una multinacional tecnológica con representación en Madrid, que prefiere mantener el anonimato.
Este especialista recuerda que el Gobierno español acumula un retraso de casi dos años en la implantación de la app móvil Cartera Digital Beta, pensada para restringir a menores de edad el acceso a contenidos pornográficos en la web mediante credenciales digitales. "Así que lo normal sería que el sistema de identificación se basará en la plataforma Cl@ve [la autenticación digital para identificarse en los trámites realizados online con la Administración del Estado], que es lo más decente que tenemos", añade.
"Pero es muy difícil ponerle puertas al campo. Esto es teoría básica de flujos. Si, por un lado, encuentra resistencia, el flujo se desvía hacia otro. En este caso, la darkweb o sites sin regulación", sostiene este especialista, cuyas dudas parten del propio concepto de red social. "Porque también puede serlo cualquier partida con multijugadores de juegos online como Roblox o Minecraft", dice.
Por otra parte, la cuestión de manipulación de algoritmos tampoco le queda clara a este informático. "Porque el algoritmo lo creas tú. No es tanto la herramienta como el uso que el usuario haga de ella", subraya, en alusión a que estos conjuntos de secuencias funcionan basándose en estadísticas de los patrones de comportamiento e interacción en la red de los usuarios.
¿Una tentación para ejercer la censura?
Cabe plantearse si el pretendido control del flujo de "desinformación" y contenidos maliciosos, al tiempo que se protege a la juventud, podría también poner en entredicho la libertad de expresión y el derecho a informarse por las fuentes que cada cual juzgue convenientes.
"Bajo la excusa o coartada de la 'desinformación' o la 'protección de los menores' estamos ante una nueva arremetida contra la libertad de expresión en las redes sociales, amparada en leyes y reglamentos de la Comisión Europea", asegura a Sputnik Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. En su opinión, la batalla por el relato prima en un momento en que la UE atraviesa por una crisis de identidad y fiabilidad.
"Cuando Pedro Sánchez habla de que 'las redes están fuera de control', en realidad se refiere a que las redes no están bajo su control como los medios europeos occidentales convencionales, los cuales se hallan en una profunda crisis de audiencia y credibilidad, y que solo se mantienen gracias a subvenciones y publicidad gubernamental", explica.
"Nada menos que 1.000 millones de euros se han gastado los Gobiernos de Sánchez desde 2019 en publicidad institucional para comprar voluntades mediáticas", recuerda Arnau, que ve en el anuncio de Sánchez un deseo de "incrementar las medidas de censura digital".
Aunque el propósito de proteger a menores de la exposición a contenidos ilícito a priori es buena, se vislumbra el riesgo de albergar otros fines. Así lo piensa el historiador y comentarista político José Miguel Villarroya, que en conversación con Sputnik intuye que la "intención última" puede ser otra.
"Parece que esta ley no se va a utilizar única y exclusivamente para proteger a menores, sino para buscar cualquier cosa englobada en esa generalidad que llaman 'delitos de odio' y perseguir a cuentas que hablen de cosas o perspectivas no incluidas en el relato oficial", afirma. En un momento histórico de crisis existencial de la UE y de desprestigio de su dirección política, producto de sus contradicciones y dobles raseros, el bloque no puede admitir fisuras.
"Yo creo que, como les daba vergüenza decir que hacen una ley directamente contra las voces discordantes, pues meten todo en una ley ómnibus de las que este Gobierno es tan aficionado, dado que es una ley con la que, de entrada, todos podemos estar de acuerdo de inicio, ya que puede perseguir la pederastia y las estafas. Pero, en el fondo, lo que se vislumbra es una vigilancia. Y, evidentemente, también una censura a cuentas o perfiles de redes sociales que se salgan del discurso dominante", concluye Villarroya.
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