En su informe De lo falso al trabajo forzoso, evidencia de la correlación entre el comercio ilícito de falsificaciones y la explotación laboral, la OCDE señaló que, detrás de estas actividades, operan redes criminales que recurren a mano de obra forzada, trabajo infantil y empleo informal como mecanismos para reducir costos y maximizar ganancias ilícitas.
El estudio, elaborado conjuntamente con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), identificó que los países que funcionan como origen o tránsito de productos falsificados suelen registrar mayores niveles de precariedad laboral, jornadas extensas, débiles protecciones para los trabajadores y una frecuente incidencia de accidentes laborales, incluidos casos fatales.
Según el análisis, los grupos criminales que controlan la falsificación de mercancías se aprovechan especialmente de trabajadores vulnerables y desprotegidos, lo que consolida un modelo de negocio basado en la explotación sistemática y la ausencia de supervisión efectiva.
Mientras tanto, Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que el trabajo forzoso genera alrededor de 236.000 millones de dólares en ganancias ilícitas cada año en el mundo, lo que demuestra el papel estructural de la explotación laboral dentro de las economías criminales transnacionales.
El informe subraya que, de eliminarse esta problemática, la economía global podría incrementar su producto interno bruto en aproximadamente 611.000 millones de dólares, lo que pone de relieve el alto costo económico y social de estas prácticas.
La OCDE advirtió que la debilidad en la protección de los derechos laborales crea condiciones propicias para que operen las redes de falsificación, al reducir los riesgos legales y facilitar la explotación de personas en sectores informales o de alta vulnerabilidad.
Ante este panorama, el organismo llamó a los gobiernos a fortalecer las normas laborales y a combatir el comercio de bienes falsificados mediante políticas públicas integrales, que incluyan una mayor coordinación entre autoridades aduaneras, inspecciones laborales y medidas contra la trata de personas, así como la promoción de una conducta empresarial responsable en las cadenas de suministro.
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