El pasado 22 de noviembre, el Gobierno de México hizo público el llamado Operativo Enjambre, en el que resultaron detenidas autoridades locales del Estado de México (centro del país) por presuntos nexos de corrupción que involucraban a integrantes del crimen organizado.
La estrategia implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en colaboración con dependencias federales de seguridad como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dejó como resultado la detención de siete funcionarios locales en activo.
Entre las personas detenidas se encuentra una presidenta municipal, seis directivos de áreas de seguridad de algunos municipios de la entidad, así como el funcionario de un sistema municipal para el Desarrollo Integral de las Familias (conocido como DIF). Entre los delitos que se les imputa están la extorsión, el secuestro e incluso homicidio.
"Cuando en la inteligencia e investigación hay datos, información, que muestra que hay una autoridad involucrada, que es lo peor que puede ocurrir... el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, eso es corrupción, pero además te lleva a escaladas de violencia", dijo la presidenta de México Claudia Sheinbaum el 25 de noviembre durante su conferencia matutina al hablar sobre la operación.
"Un mensaje muy importante"
Esta operación ha sido percibida por expertos como una nueva era en lo que se refiere a la seguridad pública en México, en la que se privilegia la inteligencia y la coordinación de autoridades de todos los niveles para atacar especialmente la corrupción ligada al narcotráfico.
"A unos unas cuantas semanas de haber iniciado el sexenio se le da esta relevancia y sentido a la inteligencia y a la coordinación de autoridades estatales y autoridades federales y no solo en el sentido de las instancias de los poderes ejecutivos locales y federal, sino también con la fiscalías. Esto, me parece que es un mensaje muy importante que tiene que ver con el planteamiento de una nueva etapa, de una nueva era en lo que se refiere a la seguridad pública en México y a la forma de tratarla", dijo en entrevista con Sputnik Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en temas de seguridad.
La relación política-narcotráfico
El Operativo Enjambre se enfocó en un brazo de los cárteles de la droga que parecía olvidado por las autoridades: el de los nexos con las autoridades.
"En pocas ocasiones se había procedido en contra de los gobiernos municipales y las estructuras de poder político que estaban dando respaldo a la delincuencia organizada, no tenía ningún sentido capturar a jefes criminales que eran reemplazados rápidamente manteniendo intacta la red de protección política y policial que les da sustento, entonces este sí es un paso adelante", dijo en entrevista con Sputnik David Saucedo, consultor en materia de seguridad.
Según revela el autor estadounidense Stephen D. Morris en su libro Narcotráfico, corrupción y violencia en México: cartografía de los vínculos, las relaciones entre la élite política mexicana y grupos delincuenciales dedicados al trasiego de drogas, se remonta a los años 30 del siglo pasado.
Morris señala que, desde entonces, los grupos del crimen organizado se han encargado de extorsionar a funcionarios de diferentes niveles a cambio de protección y relaciones clientelares, mientras que las autoridades recibían beneficios económicos por su cooperación.
En febrero de 2023, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue condenado en el Distrito Este de Nueva York por cargos de narcotráfico internacional y conspiración, derivados de una investigación dirigida por la DEA. De acuerdo con la acusación en su contra, García Luna utilizó su cargo oficial para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar drogas hacia EEUU a cambio de millones de dólares en sobornos.
"Los cárteles no solo son estructuras criminales, los cárteles también tienen un anillo de protección política, un anillo de protección policial, cuentan con base social de apoyo y tienen una red empresarial para blanqueo de capitales", agrega David Saucedo, consultor en materia de seguridad.
¿Qué retos hay al frente?
El Operativo Enjambre puso de nuevo sobre la mesa la fallida operación conocida cono el Michoacanazo, emprendida el 26 de mayo de 2009, cuando 11 presidentes municipales del estado de Michoacán (centro) fueron detenidos por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva y del Ejército mexicano por presuntos vínculos con el crimen organizado, pero que salieron libres después.
"Ha vuelto a la opinión pública y con razón a referirse al caso de lo que fue el arresto de varios presidentes municipales durante el Gobierno de Felipe Calderón, pero lo grave es que ninguno quedó preso. Todos salieron libres, no obstante su evidente colusión, todos salieron sin castigo”, recuerda Oliva.
En ese sentido, el experto considera que para evitar que se caiga en lo que sucedió en el fallido operativo se necesita "precisamente que estén muy bien sustentadas las investigaciones, que estén bien documentadas, que no tengan que ver con un asunto de posicionamiento político, ni mucho menos. Esto es clave".
Finalmente, Saucedo espera que el Operativo Enjambre pueda replicarse en otros estados de la República que registran alta violencia e incluso contra mandos más altos como gobernadores, secretarios de Seguridad Pública y fiscales estatales.
"Yo esperaría que se repliquen estos operativos en estados de alta violencia homicida y en donde se sabe que los cárteles de la droga penetraron en el poder político, me refiero a Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Sinaloa, Veracruz y Chiapas (...) Sería un paso importante, pero este primer paso que se da en el Estado de México me parece es digno de reconocerse", concluye.
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