El Gobierno de Luis Arce y los sectores empresariales lograron 17 puntos de consenso para que Bolivia recupere la estabilidad económica. Uno de los principales acuerdos radica en la viabilidad de más de 1.000 millones de dólares en créditos internacionales pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. De esta manera prevén finalizar con la escasez de esta divisa en el país. En septiembre próximo volverán a reunirse para evaluar el grado de implementación de todas las propuestas.
El Diálogo Nacional por la Economía y la Producción concluyó en los últimos minutos del pasado 16 de agosto en la ciudad de La Paz. No fue del todo sencillo alcanzar los 17 acuerdos. En una reunión anterior del Gobierno con organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB) había propuesto realizar un control de las divisas detallado a través del Banco Central.
Aunque los funcionarios de Arce en ningún momento mencionaron esta posibilidad, los empresarios se pusieron a la defensiva en rechazo de esta posibilidad. Incluso, una de las instituciones empresariales más fuertes de Bolivia, la CAINCO (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz) abandonó el diálogo por este rumor.
"Hemos podido aclarar unas falsas interpretaciones que, claramente, tenían una tendencia política y el objetivo de que fracase la reunión entre el Gobierno y el sector privado", dijo el presidente Arce al finalizar el encuentro.
Según el mandatario, "el cuello de botella que hoy enfrenta la economía nacional es la escasez de los dólares americanos", atribuido a la disminución en las exportaciones de gas y al bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa, de acuerdo con un reporte del Ministerio de Economía.
Una inyección necesaria
En un diálogo con Sputnik, el analista Gabriel Campero evaluó: "La principal medida se refiere a destrabar la aprobación de créditos pendientes en la Asamblea. La entrada de estos recursos generaría una inyección de dólares que no va a ser la solución, pero sí será un paliativo para dinamizar la economía interna, la producción y la exportación".
Para Campero, las medidas acordadas corresponden con los lineamientos establecidos por Arce al comienzo de su presidencia, en 2020: "Dar valor agregado a la producción nacional y promover la sustitución de importaciones, así como la exportación de excedentes", luego de atender los requerimientos del mercado interno.
El analista consideró que otro punto importante es el de gestionar nuevos financiamientos externos: "No cerrarnos solamente a los créditos que la CAF (Corporación Andina de Fomento) o el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) nos han otorgado".
Entre otros acuerdos, Campero mencionó la simplificación de trámites para la importación de combustible, la reducción de trabas burocráticas, el impulso a la exportación con valor agregado, la creación de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones, que "será muy importante, ya que en varios países de esta manera se promueve la exportación de productos locales, también del turismo", dijo.
El acuerdo menciona una mayor inversión en energías alternativas como la eólica y la fotovoltaica. "Y se incluyó el desarrollo de la biotecnología, que es un aspecto muy delicado, pero que los empresarios estaban planteando", comentó el analista.
Asimismo, se definió "la reducción de aranceles para fomentar la industria nacional, así como la importación de determinadas piezas para garantizar la continuidad de la producción nacional destinada al consumo interno".
Según Campero, "al margen de que estamos en una coyuntura internacional tan compleja, todavía nuestra inflación es controlable. Y los productos primarios siguen abastecidos en el ámbito alimenticio, gracias a las políticas abordadas".
Destacó que las políticas definidas entre el Gobierno y los empresarios servirán "para salir de esta etapa difícil, que no catalogo como crisis. Pero sí es una etapa sensible, que representa la acumulación de varios factores, entre lo heredado y lo climático, que afectó inclusive al abastecimiento de combustible", en referencia a los buques con combustible que tardaron semanas en descargar su producto en el puerto chileno de Arica.
La mirada del lado evista
El diputado Jhonny Pardo, del Movimiento Al Socialismo (MAS) sí habló de crisis y expresó su desconfianza sobre la viabilidad de los 17 acuerdos firmados entre Gobierno y empresarios.
"De ninguna manera se va a resolver esta situación. El trabajo se debe realizar en el gabinete, para analizar si la subvención a los combustibles está afectando o no a la economía. También el Gobierno debe planificar qué hará si levanta la subvención, qué efecto tendrá sobre la crisis que ya tenemos", dijo a Sputnik.
Llegado el acuerdo entre Arce y los empresarios, queda preguntarse cómo harán para destrabar los créditos en la Asamblea, los cuales no solamente tienen observaciones del MAS leal al expresidente Evo Morales (2006-2019), sino también de asambleístas de la oposición tradicional.
"Sabe la población por qué no hemos aprobado esos créditos. Primero, el presidente de la Cámara de Diputados, que es arcista, así como el presidente de la Comisión de Economía, quien también es arcista, estaban observando estos créditos. Cuando el trámite llegó a nosotros también los observamos, porque todo tiene que estar bien justificado", sostuvo Pardo, leal a Morales.
Y agregó: "No podemos endeudar al país para salvar al presidente. Las deudas que se asuman tienen que ser para beneficiar a la gente".
En el acuerdo suscrito luego del diálogo, los sectores empresariales se comprometieron a contactarse con los legisladores de diferentes partidos para darles a entender la importancia de destrabar los créditos, destinados a la construcción de obras públicas, como de carreteras.
Para Campero, dada la "presión social" surgida de diferentes sectores sociales, se debe "dar vía libre a los créditos. Será una inyección de recursos económicos para el mercado interno que generará empleos directos, indirectos, la compra de productos para estos proyectos estancados, como la compra de cemento boliviano, de hierro boliviano, y la contratación de mano de obra boliviana".
Por ello, "sería muy nefasto a esta altura que los asambleístas de oposición no quieran aprobar los créditos para desgastar al Gobierno con finalidades netamente electorales", opinó Campero.
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