Según el nuevo Gobierno, además del azote del coronavirus, la economía nacional sufrió el azote del Gobierno de Áñez (2019-2020), que además arrastra varias denuncias por corrupción entre sus funcionarios. En diálogo con Sputnik, el sociólogo boliviano Mario Murillo analiza cómo la nueva Presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) trae tranquilidad a los bolsillos, tanto de sus defensores como de sus detractores.
Prioritaria, la medida pretende asistir a quienes tuvieron pocos o nulos ingresos monetarios en 2020, gracias a los incontables puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia en Bolivia, entre marzo y septiembre.
Hasta abril de 2020, la deuda externa de Bolivia trepaba a 11.623 millones de dólares —el 27% de su Producto Bruto Interno (PBI)— lo que se considera una deuda sostenible. Sus mayores acreedores son el BID, con 3.362 millones de dólares; la Corporación Andina de Fomento (CAF), 2.618 millones de dólares, y la República Popular China, con 1.031 millones dólares.
Durante los tres mandatos presidenciales de Evo Morales (2006-2019), se puso fuerte énfasis en la promoción de las empresas públicas, que daban trabajo y a la vez contribuían a que los productos y servicios mantuvieran un precio de mercado razonable. Pero todo ello cambió tras el golpe de Estado que derrocó al líder aymará y la asunción al poder de Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019.
"Hay muchas empresas públicas que el anterior Gobierno ha paralizado, que en cierta forma ha querido destruir, porque generaban recursos. Es el caso de BOA (Boliviana de Aviación), la planta de urea, que generaba 150 millones de dólares anuales", explicó el actual ministro de Economía.
Y agregó: "Estamos con la idea de reactivar la producción desde las empresas públicas, claro que siempre dando incentivos correctos para que los bienes y servicios privados también lo hagan".
¿Cómo mover la economía?
Para inyectar una fuerte suma de dinero a la economía boliviana, la gestión de Arce apuesta a otra medida prioritaria. Consiste en la devolución del 10% de los ahorros previsionales que actualmente manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Según los cálculos de Arce, 2 millones de personas solicitarán la devolución de esa parte de sus aportes. De esta manera se inyectarían 2.200 millones de dólares a la circulación económica.
"Si queremos hacer una devolución con sentido, deberíamos abarcar una cantidad de recursos importante, lo cual podría desestabilizar el fondo de pensiones o poner en riesgo la jubilación de los aportantes", sostuvo.
Y comentó que en su Ministerio están realizando las evaluaciones necesarias para determinar la viabilidad de esta propuesta.
¿Después de la tormenta viene la calma?
Mario Murillo es sociólogo y docente en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz, donde integra el Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS). "Con la coyuntura tan dura que hemos vivido este 2020, la medida del bono no es nada espectacular. Pero si se la plantea bien, va a ayudar a gente que lo necesita", consideró, consultado por Sputnik.
Actualmente, la mayoría de ministerios asumidos el 8 de noviembre pasado realiza auditorías internas para conocer su verdadero estado de situación. "Más allá de la contracción económica producida por la pandemia, un gran reto de Luis Arce estará en actuar con eficacia después del desmantelamiento de un año de las arcas del Estado", agregó el sociólogo, quien viene observando "un sentimiento de alivio" en La Paz, donde vive.
Esta sensación de tranquilidad va más allá del partido político en el cual cada uno decida embanderarse. "En la vida cotidiana, más allá de la posición ideológica y política, la mayor parte de las personas siente que tenemos —con más o menos luces y sombras— un nuevo Gobierno más democrático, más capaz", concluyó Murillo.