Eso es lo que consideran los abogados que representan a los familiares de las víctimas, luego que desde hace más de un año las investigaciones permanecen congeladas por la Fiscalía General.
"Desde el punto de vista jurídico el proceso se encuentra engavetado (archivado). La Fiscalía lo puso en "stand by" luego de que el año pasado emitió una circular interna en la que sostuvo que mientras la JEP conozca del caso, los fiscales pueden adelantar investigaciones pero no pronunciarse de fondo. Es decir, ni lo uno ni lo otro, ni investigan ni se pronuncian sobre nada", dijo a Sputnik el abogado Rafael Barrios, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que representa a algunos familiares de las víctimas.
Los hechos
La toma del Palacio fue protagonizada por miembros de la entonces guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), que el 6 de noviembre de 1985 ejecutaron la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, con la cual pretendían someter al presidente Belisario Betancur (1982-1986) a un juicio público por faltar a los compromisos asumidos en las negociaciones de paz con ese grupo en los Acuerdos de Corinto, celebrados en 1984.
Tras la toma, los militares pusieron en marcha el Plan Tricolor, pero en el desarrollo de las operaciones, que tardaron 27 horas, un total de 98 personas murieron, entre ellas once magistrados, al tiempo que otras doce personas fueron desaparecidas de manera forzada.
Por la muerte y desaparición de cinco personas fue sentenciado a 35 años de cárcel el entonces comandante de la Brigada 13 del Ejército, el hoy general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, quien según las investigaciones ordenó proceder sobre los "sospechosos", es decir, los civiles que salieron con vida del Palacio escoltados por militares.
Otros ángulos de la investigación señalan que desde agosto de 1985 el Ejército ya contaba con información de inteligencia que indicaba que el M-19 tomaría el Palacio, por lo que los militares permitieron la toma con el fin de abatir a los guerrilleros dentro del lugar; para ello, disminuyeron la seguridad en el edificio e instalaron un puesto de control dentro de la Casa del Florero.
Limbo
Arias Cabrales, hoy de 83 años de edad, estuvo detenido en un cantón militar desde el 10 de octubre de 2008, pero recuperó la libertad luego de que en mayo de este año la JEP aceptó su sometimiento en esa jurisdicción y le concedió la libertad transitoria anticipada.
"En teoría, la solicitud de Arias Cabrales a la JEP para que revise su sentencia a 35 años de prisión —impuesta por la Corte Suprema de Justicia— no tiene porqué interrumpir el trámite de los procesos en la justicia ordinaria...eso jurídicamente hablando, pero en la práctica lo tienen paralizado", dijo a Sputnik el abogado Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
Dicho colectivo, junto con el Movice y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), representan a las víctimas desde el año 2000, luego de que en 1991 los familiares de las víctimas presentaron la primera denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, pese a la sentencia, el caso se mantiene en el limbo, pues aunque el proceso está en la justicia ordinaria, "allí hay una desidia en el trámite", que se refleja en un "retraso ostensible en el manejo de las diligencias", dice Carreño.
"La Fiscalía, cuando se trata de investigar la responsabilidad de altos funcionarios del Estado, no se torna diligente y, por el contrario, entorpece el proceso", agregó el defensor.
Para el abogado Barrios "hay un tira y afloje entre las dos instituciones; la JEP que le dice a la Fiscalía: 'mientras nosotros conocemos del caso por favor ustedes sigan la investigación y se pronuncian', a lo cual la Fiscalía dice que no se pronunciará".
Las más sacrificadas por esa situación "son la verdad y la justicia", así como también los familiares de las víctimas, que sufren la revictimización de ver paralizados sus anhelos de equidad.
Aniversario sin justicia
Aunque Barrios y Carreño coinciden en que es posible una investigación paralela de la Fiscalía y de la JEP sobre el mismo caso, la importancia del proceso no se puede socavar en términos de justicia por el hecho de que dos o tres personas se acojan a la JEP, cuando en esos crímenes participaron unos dos mil militares.
"Con ocasión de los 35 años de este holocausto vamos a coordinar con sectores de derechos humanos actividades que se deben seguir haciendo pese al dolor de los familiares, para rememorar una vez más todo lo que pasó en esta tragedia", dijo Barrios, en alusión a manifestaciones que harán los familiares en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, y a un comunicado que emitirán para denunciar el estado actual del proceso.
"Lastimosamente, en estos 35 años es muy poco lo que se ha avanzado. No se toman las decisiones, y no sólo es cosa de la Fiscalía, sino también de los jueces que dilatan este tipo de actuaciones; pero hay que seguir persistiendo para que haya algo de justicia", concluyó Carreño.