"La JEP aceptó la solicitud de sometimiento y concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada al general (r) Jesús A. Arias Cabrales, condenado en calidad de coautor por el delito de desaparición forzada de varias víctimas en la toma y retoma del Palacio de Justicia", indicó la JEP en un comunicado.
Arias Cabrales, quien era comandante de la Brigada XIII del Ejército Nacional en el momento de los hechos, se sometió en noviembre pasado a la JEP tras argumentar que los hechos por los que fue investigado y condenado en la justicia ordinaria tienen una relación directa con el conflicto armado interno, lo cual fue reconocido por el tribunal.
La JEP justificó su decisión en que Arias Cabrales "se trata de un miembro de la Fuerza Pública, que los hechos ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 y que tienen relación directa con el conflicto armado interno, presente para el año de 1985".
El militar, quien se encuentra detenido desde 2008, fue sentenciado por haber tenido conocimiento preciso del traslado de un grupo de personas hasta un museo vecino al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para ser sometidas a interrogatorios tras ser señaladas de participar en la toma del Palacio, realizada por la entonces guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19).
Arias Cabrales fue sentenciado por tener conocimiento preciso de todas las actividades que hicieron sus subalternos, por lo que en 2011 fue condenado a 35 años de prisión por un juzgado de Bogotá por el delito de desaparición forzada en calidad de coautor, fallo que fue ratificado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en 2015 por y la Corte Suprema de Justicia en 2019.
Los hechos culminaron 27 horas después, luego de que los militares pusieron en marcha el Plan Tricolor, pero en el desarrollo de las operaciones 98 personas murieron, entre ellas 11 magistrados, al tiempo que 11 personas más fueron dadas por desaparecidas.
Tales eventos son considerados como holocausto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En diciembre de 2014, la Corte IDH condenó al Estado Colombiano por la desaparición de aquellas once personas y la retención ilegal y tortura de otros cuatro civiles en el Palacio de Justicia.
