Para avanzar en este proceso, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP solicitó información adicional "en el trámite de medidas cautelares para la protección de lugares de posible inhumación o donde reposen cuerpos de personas dadas por desaparecidas en dicho resguardo indígena", indicó la JEP en un comunicado.
Según la información recabada por la Sección, la Fiscalía General de la Nación, por órdenes del Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Pereira (oeste), realizó prospecciones en dicho territorio en 2016 y recuperó cuerpos esqueletizados de seis personas dadas por desaparecidas.
"Dicha instancia (Fiscalía) explicó que, previo a tales labores y en conjunto con las autoridades indígenas, estableció una lista de 50 personas desaparecidas pertenecientes al pueblo indígena Emberá Chamí que habita el Resguardo de San Lorenzo", agregó la JEP.
Otras instituciones como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y la Personería Municipal de Riosucio reportaron también que han recibido denuncias o casos sobre víctimas de desaparición forzada, que en total sobrepasan 70 personas, cuyos cuerpos pudieran reposar en dicho territorio.
La JEP considera que en el resguardo indígena de San Lorenzo pueden existir más cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que las posibles víctimas pueden pertenecer también a otras localidades vecinas al territorio indígena, ya que en la región operaron diferentes grupos armados, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la antigua guerrilla Ejército Popular de Liberación y el Bloque Cacique Pipintá de las ahora extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
