Un año después de la reimposición de las restricciones a la compra de dólares en Argentina, coloquialmente llamado cepo, el país austral vuelve a intensificar las medidas para desincentivar el ahorro y el gasto en moneda extranjera por parte de los ciudadanos, que en este momento es la principal razón del drenaje de reservas del Banco Central.
En la primera semana de septiembre, la venta de divisas del Banco Central superó los 600 millones de dólares, cifra récord en 2020. La situación es preocupante porque evidencia el estrés financiero en las arcas a pesar de que, por la pandemia, casi no hay fuga de divisas por turismo. Asimismo, desde abril no se pagan intereses de deuda externa en moneda extranjera, además de que el superávit comercial acumulado hasta julio es el más alto desde 2009, según advirtió un informe de la consultora PxQ.
"Se decidió endurecer más el 'cepo' con el objetivo de, por un lado, tener los dólares necesarios para cumplir con los compromisos de deuda asumidos, pero también para asegurar la compra de insumos importados que hacen falta para la producción, además de frenar maniobras especulativas sobre el tipo de cambio", explicó Litvinoff.
Las compras con tarjeta en moneda extranjera, así como la adquisición para atesoramiento, que ya contaban con un impuesto del 30%, pagarán un extra de 35%, como una retención del impuesto a las ganancias.
Si bien no habrá un límite en las compras en dólares con tarjeta, ahora se harán a cuenta del tope mensual de los meses siguientes hasta cubrir el equivalente, tiempo durante el cual no se podrá comprar más en el mercado oficial. Dicho de otra manera, si se gastan 400 dólares con tarjeta, no se podrá comprar dólares para atesoramiento durante dos meses.
"Los mecanismos que se buscan cortar son la compra de dólar ahorro para atesoramiento. Si bien el 'cepo' era muy ajustado, se sabía que existían algunos artilugios como para poder comprar más que los 200 dólares mensuales de tope", comentó el experto en finanzas personales.
El Gobierno busca desincentivar el uso de coleros, personas que compran dólares en nombre de otros. La medida adoptada encarece el precio de la divisa para atesoramiento y la eleva a 130 pesos aproximadamente por cada dólar, ya que se suma al impuesto PAIS de 30% preexistente, equiparándola con el dólar paralelo.
Primeras reacciones
En la primera jornada posterior al anuncio, las acciones argentinas en el exterior cayeron hasta 11% y el riesgo país quedó cerca de los 1.200 puntos. El dólar paralelo, conocido como blue, subió más de 10% y llegó a los 145 pesos, con lo que la brecha con el oficial se acercó al 100% y se pronostica que aumente, como ocurrió siempre que se restringió el acceso al mercado legal en un país con una larga tradición de bimonetarismo, refugio en moneda dura y desconfianza de la local.
La nueva retención de 35% se podrá descontar de los impuestos a las Ganancias o Bienes Personales. Quienes no abonen estos impuestos —trabajadores independientes no asalariados y con patrimonios declarados menores a 2 millones de pesos (27.000 dólares, a cambio oficial), excluidas viviendas de uso personal— podrán solicitar el reintegro a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al cierre del año fiscal.
"Endeudarse en dólares en Argentina, por lo menos en los últimos años, es un suicidio financiero, pero muchas empresas ya estaban endeudadas desde antes. Las empresas que tienen que importar insumos y pagar en dólares no debería generarles ningún contratiempo porque lo seguirán haciendo a precio oficial [previa autorización]", mencionó Litvinoff.
Las empresas podrán comprar dólares al tipo de cambio oficial, que ronda los 75 pesos, hasta el 15 de octubre, necesarios para pagar intereses y hasta 1 millón de dólares en pago de capital.
Para vencimientos posteriores a esa fecha y hasta el 31 de marzo de 2021, solo podrán pagar hasta el 40% de la deuda y estarán obligadas a refinanciar el resto con sus acreedores por nueva deuda, con vencimientos promedio de dos años, a excepción de deuda contraída con organismos internacionales y agencias oficiales de crédito.
La grave crisis económica en la que se encuentra el país y las bajas expectativas de reactivación llevaron al anuncio de retirada o venta de las subsidiarias locales de algunas multinacionales en los últimos meses, como las aerolíneas Latam, Emirates y Norwegian, las cadenas de tiendas Falabella y Sodimac, la compañía de indumentaria Nike, la empresa química Axalta, la autopartista Saint Gobain Sekurit o el laboratorio Pierre Fabré. Estas restricciones podrían provocar aún más dificultades para la inversión.
El economista advirtió que "lo que se llama represión financiera no es deseable para ningún tipo de economía ni lleva a ningún tipo de crecimiento sostenido ni a una mayor apertura internacional. Pero en este caso no queda otra, hay que elegir el mal menor. Son medidas que en el mediano plazo no son buenas pero en el corto son necesarias. La idea es que se pueda ir relajando el 'cepo' a medida que la economía empiece a crecer y los niveles de reservas se empiecen a recuperar".