La crisis económica en la que está inmersa Argentina, donde casi la mitad de la población vive debajo de la línea de pobreza, se profundizó por la pandemia de COVID-19 y las estrictas restricciones a las actividades laborales, sobre todo entre los sectores más vulnerables, ocupados principalmente en oficios de la economía informal y popular.
Visto desde el aire, el límite donde termina la mancha urbana es una línea imaginaria. De un lado, las humildes casas bajas de material del Barrio Numancia, Guernica, partido de Presidente Perón, a 40 km de la capital argentina. Del otro, un predio de 100 hectáreas donde hoy están instaladas en precarias casillas de madera, metal y plástico alrededor de 2.500 familias con más de 3.000 niños, en lo que es ahora un nuevo barrio, también imaginario.
"Antes de la pandemia yo estaba bien económicamente pero dejé de tener ingresos desde el día cero porque soy pintor y trabajo no te dan. Pago 5.000 pesos [70 dólares] al mes por un alquiler de una pieza con baño, el dueño no perdonó ni un mes. Este mes lo pagué vendiendo muebles que me compré con esfuerzo", contó a Sputnik Gonzalo, un joven que está durmiendo desde hace más de un mes en una carpa en una de las parcelas, delimitadas con hilos.
La misma imagen se extiende hasta donde llega la vista en el llano. El terreno se encuentra ahora loteado, calles incluidas, siguiendo el recorrido del trazado urbano adyacente, y en cada parcela hay familias jóvenes, muchos con hijos pequeños, sin ningún tipo de servicio, dependiendo de las donaciones y el apoyo de algunas organizaciones sociales, presentes en la zona gracias a la proliferación de comedores populares, que ayudan en la resistencia, el orden interno y el diálogo con las autoridades.
"¿Se creen que a la gente le gusta pasar esto con sus hijos? Es la necesidad, está en todos lados, hay gente viviendo en la calle, gente que no pudo seguir pagando el alquiler. Decidimos tomar un pedazo de tierra y luchar para ver si podemos conseguir esto antes de ir a vivir abajo de un puente", dijo a Sputnik Verónica, junto a su pareja, Cristian, albañil, quien no pudo volver a trabajar desde que comenzó la pandemia.
¿Conquista o usurpación?
Rápidamente se multiplicaron. Algunos quisieron ubicarse en unos terrenos del otro lado del cauce, pero la policía los expulsó. Terminaron ocupando un lote que era usado para pastoreo de caballos, que son reclamados por algunas personas que alegan ser dueñas.
La toma no pasó inadvertida. Los últimos días de julio, individuos montados y armados con escopetas intentaron evacuar por su propia cuenta a las 300 familias que había entonces en el lugar. Los ocupantes repelieron el embate con piedras y palos. La imagen fue videograbada y se volvió viral.
"Guernica es un pueblo que nació con el tendido del ferrocarril y se ha ido extendiendo hacia afuera mediante tomas", dijo a Sputnik Lorena Ojea, militante del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), una de las siete organizaciones sociales con presencia en el lugar.
"Las casi 100 hectáreas estaban sin habitar ni alambrar. Ninguno de los tres denunciantes entregó documentación para corroborar la propiedad privada. Lo que pasa con muchas de estas tierras es que si tuvieron dueño nunca volvieron ni reclamaron, entonces los mismos vecinos fueron tomando posesión", explicó.
Sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal de la ciudad de La Plata, capital provincial, ordenó el 8 de septiembre el desalojo de la toma de Guernica, aunque no hay fecha estipulada para el allanamiento. Se espera que continúen las mesas de negociaciones.
¿Desalojo o resistencia?
Lo que ocurre en Guernica no es novedad ni una excepción. Ya en enero hubo una situación similar en unos terrenos ferroviarios cercanos, que habían sido tomados en 2013 y entonces evacuados.
En numerosos terrenos del conurbano se replicó el fenómeno desde el inicio de la pandemia. Esto provocó la reacción de los intendentes, del ministro de Seguridad provincial, Serio Berni, y del gobernador, Axel Kicillof, quienes calificaron las tomas de ilegales y anticiparon las expulsiones, preocupados por el efecto contagio y con la disyuntiva de contener a los sectores excluidos a la par de asegurar su responsabilidad de proteger la propiedad privada.
"Me quedé sin trabajo y nos tuvimos que ir un tiempo a la estación de Burzaco. Salí a juntar cartón, pero no me daba el tiempo para juntar los 10.000 pesos [140 dólares] que me pedían del alquiler. Yo tengo tres hijos y el menor el mes pasado cumplió un añito y se lo tuve que festejar acá, en el frío", dijo a Sputnik Sergio, otro de los instalados.
La necesidad es la motivación para quienes carecen de verdaderas posibilidades de acceso a la vivienda propia en un país sin créditos hipotecarios populares ni sistemas de vivienda social a escala de la demanda real. Los presentes en la toma demandaron a las autoridades a acercarse a hablar con ellos, a escucharlos antes de exigir el allanamiento.
"Si viene el desalojo y hacen lo que quieren hacer va a ser muy triste porque la gente no va a tener dónde ir. Vamos a terminar yendo todos a la municipalidad. No queremos que nos regalen nada, queremos una ayuda para pagarlo en cuotas. No queremos un asentamiento, queremos un barrio. Queremos una oportunidad", pidió Gonzalo.
