Ni siquiera en los años en que el sistema "la expulsó" y era libre, Amelia Tiganus fue consciente de que había sido víctima de trata de personas. Esta mujer, nacida en la ciudad rumana de Galati en 1984, llegó a España de forma más o menos voluntaria: a los 17 años fue captada por un grupo de hombres que le propusieron ejercer la prostitución en España.
"La imagen que tenemos de la trata se aleja de la realidad, al menos en Europa", avisa en conversación telefónica con Sputnik, "porque no necesariamente está ligada a la violencia explícita". Ya que el sistema "prostitucional" que nos rodea, alega, "necesita carne en buen estado". "Además, aquí la trata está ligada a la parcela del ocio, y los proxenetas han tenido que adaptarse y utilizar estrategias distintas. Lo que hacen es una violencia no física, invisible, pero muy grave", analiza Tiganus. Desde el País Vasco, donde reside, esta activista lucha porque la esclavización acabe. "La trata es un medio para conseguir un fin, que es el de la explotación sexual", puntualiza.
Tiganus mira el delito desde un prisma múltiple. Por un lado, están los países de donde sale la "materia prima", como su Rumanía natal. Por otro, los receptores, generalmente del llamado primer mundo. Y, entre medias, las costumbres, la pedagogía que se haya hecho en torno al asunto. "Hablamos de una desigualdad de poder, que encima se junta con que muchas personas son desechadas", comenta, refiriéndose a ese momento en que "ya no se puede fingir ser una puta feliz". A ella no le gusta que su pasado condicione la biografía, pero sí que le sirva para ofrecer un testimonio directo. Fue violada grupalmente a los 13 años. Con el repudio social que conlleva semejante vejación, decidió salir de allí. La embaucó gente próxima a los mismos que la habían violado.
"Es importante entender que la trata abastece la prostitución, y que hay que acabar con las fábricas de putas, pero también de puteros", arguye, enumerando que en España cuatro de cada 10 personas admite haber pagado por sexo y que hay unos 1.500 prostíbulos repartidos por el territorio nacional, sin contar pisos o lugares públicos. "Es una industria criminal", sentencia. La trata en sí, agrega, está penada, pero es una normativa "tramposa" y "no se persiguen todos los tipos de proxenetismo": "Hay que centrar el debate en quienes demandan estos servicios, que son los que los financian con cinco millones de euros al día y quedan impunes".
Aboga Tiganus por el abolicionismo y menciona el Modelo Nórdico, que se fija en "el comprador de sexo" y no en la persona prostituida. "Parece que es el que mejor resultados da contra la trata, pero es un proyecto a largo plazo y aún falta camino", anota. De hecho, su lucha va más allá del estigma puta o de la doble condición de prostituta y pobre. Es una batalla por los derechos humanos. Por eso, cuando alguien que ejerce libremente se arroba en capacidad de decisión, ella gira las tornas: "No defiendo ganarme el pan, sino el bien común. Que una mujer blanca, de clase media, se meta en esto, no exime al resto de personas de que lo sufra", indica.
Según un balance del Ministerio del Interior entre 2014 y 2018, el número de personas en riesgo en casos de explotación sexual en España alcanzaba las 9.300, por las 11.700 en los casos de explotación laboral. "El 62% de ellas son destinadas a la explotación sexual, de las cuales un 80% son mujeres y un 12% son niñas", señalaba González. La asociación APRAMP, que asiste a víctimas de trata de personas, publicó la visita de Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior.
"La protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual no se agota con el encomiable trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil; cuando son liberadas de las garras de estas organizaciones criminales, debemos facilitarles los recursos necesarios para que puedan recuperar su vida, y asociaciones como APRAMP nos ayudan a identificar a las mujeres atrapadas por estas redes y les facilitan recursos seguros para que recobren su dignidad", afirmó en su oficina de Madrid.
Justo en la jornada contra esta lacra se ha liberado en Calatayud, una localidad de Zaragoza (al noreste de España), a una mujer rumana que era forzada a prostituirse desde 2009. Le habían prometido un trabajo, como en muchos de los 108.613 casos que la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) tiene identificados a través de los datos del colectivo de países que la forman. Proceden 175 nacionalidades diferentes, y un 80% son mujeres. "Corren el riesgo de ser reclutadas en un porcentaje casi cuatro veces mayor por sus compañeros íntimos, y los niños y niñas son más propensos que los adultos en cuanto a ser reclutados por parientes cercanos", advierten.